Cada 25 de Mayo, la Argentina vuelve simbólicamente a aquella plaza de 1810 donde un grupo de criollos decidió discutir algo más profundo que un cambio de autoridades: quién ejerce el poder y en nombre de quién. La Revolución de Mayo no fue solamente un episodio histórico; fue, sobre todo, un acto de desconfianza hacia un sistema cerrado, distante y poco representativo.
Doscientos dieciséis años después, la pregunta sigue incómodamente vigente.
La Argentina atraviesa otra vez una crisis prolongada. No solo económica —que golpea salarios, jubilaciones y expectativas— sino también institucional. La sensación de gran parte de la sociedad es que las decisiones importantes se toman lejos de la gente, en espacios opacos, entre intereses cruzados y discursos que cambian según la conveniencia política del momento. La inflación desgasta los bolsillos, pero la falta de transparencia desgasta algo más profundo: la confianza colectiva.
Y un país sin confianza entra lentamente en una forma silenciosa de decadencia.
La crisis actual no nació de un solo gobierno ni de una sola ideología. Se alimentó durante años de improvisación, corrupción tolerada, privilegios enquistados y una cultura política donde muchas veces rendir cuentas parece opcional. El problema no es solamente quién gobierna, sino cómo se gobierna.
El espíritu de Mayo tenía una idea revolucionaria para su tiempo: el poder debía tener legitimidad pública. Hoy esa legitimidad ya no se discute únicamente en las urnas; se pone a prueba todos los días con la transparencia de los actos de gobierno, el acceso a la información, la independencia judicial y la honestidad en la administración de recursos que pertenecen a todos.
Sin embargo, la Argentina parece atrapada en una paradoja. Exige cambios profundos, pero convive con prácticas viejas. Reclama austeridad, pero tolera privilegios. Pide verdad, aunque muchas veces el debate público queda secuestrado por propaganda, fanatismos o relatos diseñados para redes sociales antes que para ciudadanos.
Quizás el mayor desafío de este aniversario no sea repetir consignas patrióticas, sino recuperar el sentido original de la participación cívica. Mayo de 1810 fue una invitación a involucrarse. A discutir el destino común. A no aceptar automáticamente la autoridad solo porque existe.
Hoy esa responsabilidad también recae sobre la sociedad. Porque las instituciones no se degradan únicamente por dirigentes irresponsables; también se erosionan cuando la ciudadanía se resigna, naturaliza la corrupción o reemplaza el pensamiento crítico por la pertenencia automática a una tribu política.
A 216 años de la Revolución de Mayo, la Argentina necesita algo más difícil que un cambio de gobierno: necesita reconstruir credibilidad. Y la credibilidad no se decreta. Se construye con coherencia, transparencia y límites claros al poder.
La historia enseña que las naciones no se derrumban solamente por las crisis económicas. Muchas veces caen cuando dejan de creer en sus propias reglas.
Tal vez la mejor manera de honrar aquel 25 de Mayo no sea mirar hacia atrás con nostalgia, sino preguntarnos si todavía estamos dispuestos a defender una república donde el poder deba explicar, rendir cuentas y actuar de cara a la sociedad.
Porque la libertad sin instituciones sólidas termina siendo apenas una consigna.
Agencia MTR