Javier Milei llegó al poder prometiendo una revolución moral.
No solo económica.
No solo cultural.
Moral.
Venía —decía— a terminar con “la casta”, con los privilegios, con la corrupción estructural de una política que durante décadas convirtió al Estado en una agencia de colocaciones para amigos, militantes, empresarios cercanos y ‘gran altruismo’ desde BenePro: Beneficio Propio.
El problema aparece cuando el discurso se estrella contra los nombres propios.
Mientras el Presidente predica superioridad ética y divide a la sociedad entre puros e impuros, su gobierno acumula episodios incómodos que erosionan ese relato de transparencia absoluta.
Está el caso de Diego Spagnuolo en el área de Discapacidad, envuelto en cuestionamientos y denuncias sobre su gestión.
Está José Luis Espert, aliado político del oficialismo, mencionado por sus vínculos con Fred Machado, relación que generó fuertes controversias públicas y con el narcotráfico.
Está Manuel Adorni, voz oficial de una administración que hace de la moral pública una bandera mientras esquiva preguntas incómodas cuando las inconsistencias rozan al propio poder. No ha podido explicar el origen de sus millonarias inversiones.
Y aparece también Demian Reidel, hombre cercano al Presidente, rodeado de polémicas y cuestionamientos. Se promovián -con Milei- para Premio Nobel de Economía.
A eso se suma el escándalo de Libra, que dejó al gobierno atrapado en explicaciones contradictorias y derivaciones judiciales internacionales.
Pero hay un dato todavía más grave: cuando la moral declamada tampoco convive con el respeto por la ley.
Porque un gobierno que dice venir a ordenar la Argentina también carga con cuestionamientos por normas incumplidas, procedimientos evitados y mecanismos institucionales forzados al límite.
Desde designaciones discutidas, decretos controvertidos, áreas sensibles paralizadas, hasta decisiones que muchas veces parecen avanzar más rápido que los marcos legales que deberían contenerlas.
La república no se sostiene solo con discursos de honestidad televisiva ni con denuncias permanentes contra adversarios políticos.
Se sostiene cumpliendo la ley, respetando controles y entendiendo que las instituciones existen justamente para limitar al poder, y respetar a las personas, cualquiera sea el rol social o laboral.
Cada episodio, por separado, puede ser presentado como un hecho aislado. Un error. Un exceso. Una casualidad. Pero cuando los casos se acumulan, dejan de ser excepciones y empiezan a parecer síntomas.
Y esa contradicción se vuelve todavía más simbólica en vísperas del 25 de Mayo.
Hace 216 años, la Revolución de Mayo no solo expresó la ruptura con España.
También representó el hartazgo frente a una estructura de poder cerrada, opaca y alejada de las reglas de representación que reclamaba la sociedad de entonces.
Más de dos siglos después, Argentina sigue atrapada en una paradoja repetida: líderes que llegan prometiendo refundar la moral pública y terminan tensionando las mismas reglas que juraron y juran defender.
Cambian los nombres. Cambian los relatos. Cambian las consignas.
Pero la transparencia sigue siendo una promesa incumplida.
Este 25 de Mayo habrá escarapelas, banderas blameando con los colores del cielo, con lo que ello significa, actos oficiales y discursos patrióticos.
La pregunta real sigue pendiente desde 1810: ¿cuándo la ética pública y el respeto por la ley dejarán de ser eslóganes de campaña para convertirse en una verdadera política de Estado?
Y lo importante es que lo comprenda el común de los ciudadanos para expresarlo en la urnas y sus representaciones.
La honestidad y honradez pública como verdadero cambio de época!
*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso, 2007
Agencia MTR