El intendente radical de Maipú en uso de licencia, Matías Rappallini, y la actual jefa comunal interina, Lorena Otermín, fueron procesados ayer miércoles en el marco de la causa que investiga la retención de documentos nacionales de identidad (DNI) a vecinos durante las elecciones generales de 2019.
La resolución fue dictada por el Juez Federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, quien sostuvo que las maniobras investigadas, inicialmente interpretadas como prácticas clientelares de compra de votos, derivaron en la configuración de “delitos electorales concretos” orientados a impedir el ejercicio del derecho al voto.
Según el magistrado, las acciones estuvieron dirigidas principalmente a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica —en su mayoría mujeres con hijos a cargo— a quienes se les ofrecía dinero, alimentos, planes sociales o gestiones administrativas a cambio de entregar sus documentos. En ese contexto, el juez consideró que tanto Rappallini como Otermín tuvieron “un rol en la organización de las maniobras investigadas”.
En contraste, Ramos Padilla dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a Marcelo Osvaldo Condoleo, entonces jefe comunal de la Policía, y resolvió el sobreseimiento de Federico Rappallini.
Un mecanismo organizado
En su resolución, el titular del Juzgado Federal N° 1 de La Plata describió un sistema coordinado mediante el cual se retenían DNI de terceros a través de engaños, con el objetivo de evitar que esas personas pudieran votar. La investigación, impulsada por el Ministerio Público Fiscal, reunió testimonios, documentación, registros de comunicaciones y denuncias realizadas en torno a la jornada electoral.
El expediente se originó el 27 de octubre de 2019, día de las elecciones generales, cuando vecinos de Maipú denunciaron la retención de sus documentos. En total, al menos 27 personas manifestaron haber sido afectadas por estas maniobras, que incluían la entrega de DNI a cambio de beneficios o bajo presión.
Las denuncias iniciales —más de veinte entre el día de la votación y los posteriores— fueron ampliándose con el correr del tiempo, lo que permitió avanzar en la identificación de un esquema más amplio.
Avance judicial y elevación a juicio
En 2022 y 2023, el juzgado dictó los primeros procesamientos contra personas vinculadas al municipio por estos hechos, decisiones que luego fueron confirmadas por la Cámara Nacional Electoral, que consideró acreditada la existencia de un mecanismo organizado para intervenir en el proceso electoral.
Posteriormente, la investigación fue delegada al Ministerio Público Fiscal, que profundizó la recolección de pruebas y abrió nuevas líneas de investigación. El 25 de abril de 2025, la Fiscalía solicitó la elevación a juicio de los imputados ya procesados, lo que se concretó el 2 de junio de ese año.
Más recientemente, en febrero de 2026, se requirieron nuevas declaraciones indagatorias respecto de otros posibles involucrados, lo que derivó en nuevas audiencias y en el análisis actual de sus situaciones procesales.
Con estos últimos procesamientos, la causa suma un nuevo capítulo en un expediente que pone el foco en la vulneración del derecho al voto y en prácticas que, según la Justicia, afectaron directamente la integridad del proceso democrático.
Agencia MTR