El intendente en uso de licencia de Maipú, Matías Rappallini, fue procesado este martes por el presunto delito de fraude electoral. La medida judicial también alcanza a su reemplazante interina, Lorena Otermín, y surge de una maniobra que habría impedido a cerca de 30 vecinos de la ciudad del centro oeste bonaerense ejercer su derecho a voto durante las elecciones de 2019.
El expediente se inició a raíz de una denuncia por la retención indebida de documentos de identidad, presentados por vecinos que no pudieron votar en la elección en la que Rappallini consiguió su tercer mandato por un margen de apenas 50 votos. La investigación determinó que la maniobra podría haber involucrado la entrega de dinero, alimentos, planes sociales o gestiones administrativas a cambio de los DNI retenidos. En otros casos, las víctimas denunciaron presiones o amenazas para entregar sus documentos, mayormente dirigidas a mujeres con hijos a cargo y en situación de vulnerabilidad social.
El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, sostuvo que Rappallini y Otermín “organizaron y realizaron acciones coordinadas dirigidas a retener documentos de identidad de terceros mediante engaños” para impedir el ejercicio del voto, y dictó un embargo de $30 millones sobre ambos.
Rappallini, histórico dirigente del radicalismo, fue candidato por la alianza Juntos por el Cambio en 2019 y pidió licencia en 2024 para dedicarse a su empresa familiar de cosméticos, Goigot SA. Otermín, que era secretaria de Gobierno en el momento de los hechos, asumió como intendenta interina tras ganar previamente una banca de concejal.
El caso generó gran repercusión en Maipú no solo por involucrar a la cúpula del poder local, sino también por el peso político y empresarial de la familia Rappallini en la ciudad. Además, Martín Rappallini, hermano del intendente, preside actualmente la Unión Industrial Argentina, consolidando la relevancia del clan a nivel nacional.
El proceso continúa bajo investigación, mientras la comunidad política y los vecinos esperan definiciones judiciales que podrían marcar un precedente en la lucha contra el fraude electoral en la provincia de Buenos Aires.
Agencia MTR