El Gobierno nacional envió al Senado un ambicioso proyecto de reforma electoral que propone eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), instaurar el régimen de “ficha limpia” para candidatos y modificar el sistema de financiamiento de las campañas, en una iniciativa que abre un nuevo frente de debate político.
La propuesta requiere mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, es decir, la mitad más uno del total de sus miembros, un requisito constitucional para cualquier modificación en materia electoral. En el Senado, esto implica un número elevado de votos afirmativos que anticipa una negociación compleja.
Uno de los ejes centrales del proyecto es la implementación de la llamada “ficha limpia”, que impedirá postularse a cargos nacionales a aquellas personas que tengan condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia antes del 31 de diciembre previo al proceso electoral. La medida apunta a elevar los estándares de transparencia en la política, aunque también genera controversia por su posible impacto en figuras con causas judiciales en curso.
Sin embargo, el punto más conflictivo es la eliminación de las PASO. Aunque actualmente se encuentran suspendidas, esa condición no rige para las próximas elecciones presidenciales, por lo que, de no aprobarse una nueva ley, deberán realizarse. El oficialismo ya intentó avanzar con su eliminación en otras oportunidades, sin éxito, y ahora vuelve a insistir con el argumento de reducir costos y simplificar el calendario electoral.
El proyecto también introduce cambios en el financiamiento de la política, habilitando una mayor participación de aportantes privados, junto con nuevos controles y límites. Además, elimina los espacios gratuitos en medios de comunicación para los partidos durante la campaña, un punto que genera preocupación en sectores que advierten sobre posibles desigualdades en la competencia electoral.
Otro aspecto novedoso es la profundización del sistema de Boleta Única de Papel (BUP), que incorporaría la opción de “doble tilde”. Este mecanismo permitiría votar por una lista completa de una agrupación con una sola marca o, alternativamente, elegir candidatos por categoría. La modificación busca combinar simplicidad con flexibilidad para el elector.
La reforma también incluye incentivos para que las provincias unifiquen sus calendarios electorales con el nacional, lo que podría alterar la dinámica política de los gobernadores y fortalecer una estrategia de nacionalización de las elecciones por parte del oficialismo.
En paralelo, el texto incorpora una cláusula que prohíbe a los partidos contratar servicios de asesoramiento o publicidad de consultores extranjeros sin residencia en el país. La medida, que ya genera debate en el ámbito político, apunta a limitar la influencia externa en las campañas.
En el plano político, la iniciativa enfrenta resistencias en distintos sectores. Mientras parte de la oposición dialoguista mantiene dudas, el rechazo es más claro en el peronismo, donde anticipan que la eliminación de las PASO afectaría la resolución de sus internas. En ese contexto, el oficialismo deberá desplegar intensas negociaciones para avanzar con la reforma, especialmente en su punto más controvertido.
Con un escenario legislativo complejo y posturas aún en definición, el futuro del proyecto aparece abierto, en medio de una discusión que podría redefinir las reglas del juego electoral en el país.
Agencia MTR