Este martes 2 de junio se pondrá en marcha uno de los procesos judiciales más relevantes para la historia reciente de la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda. y para la comunidad de Nueve de Julio. En el Juzgado Correccional N° 1 de Mercedes, a cargo de la Dra. Claudia Esquivel, comenzará el juicio oral y público que investigará el desvío de fondos destinados a la compra de luminarias para la ciudad.
Los imputados son Omar Miguel Malondra, Carmen Castagnino y Alfredo Poggi, quienes integraban la conducción de la Cooperativa durante los años 2015 y 2016 en calidad de presidente, secretaria y tesorero, respectivamente.
La causa tiene su origen en fondos correspondientes al programa nacional “Más Cerca”, destinados a la renovación del sistema de alumbrado público de Nueve de Julio. Según la investigación, tres cheques emitidos por la Cooperativa habrían sido librados mediante un procedimiento excepcional, sin los controles habituales y sin la documentación que permitiera reconstruir posteriormente el destino de los recursos.
En la antesala del debate, el abogado de la Cooperativa y particular damnificado en la causa, Dr. Franco Rosello, recordó que el perjuicio no sólo alcanzó al Municipio, destinatario original de los fondos, sino también a los asociados de la entidad.
“Los socios terminaron poniendo de su bolsillo esas luminarias”, afirmó en ‘Despertate’ durante una entrevista para Cadena Nueve, Maxima 89.9 y Visión Plus TV, al señalar que el material que debía adquirirse con esos recursos nunca llegó.
Rosello sostuvo que uno de los aspectos más llamativos del expediente es la ausencia de documentación respaldatoria de la operación. Según explicó, no existen contratos firmados que acrediten la compra, ni registros que permitan establecer con certeza quién recibió los cheques o quién terminó cobrando el dinero.
“Todo fue hecho para que no se supiera quién se llevó el dinero”, expresó el letrado al referirse a las dificultades que presentó la investigación para reconstruir el recorrido de los fondos.
De acuerdo con la causa, los tres cheques fueron cobrados en una financiera que años más tarde quedó vinculada a otras investigaciones de alcance nacional relacionadas con maniobras de corrupción. Sin embargo, el paso del tiempo y la desaparición de registros impidieron determinar quién fue el destinatario final del dinero.
“Ni siquiera se pudo identificar a la persona que los cobró. La firma es ilegible y el Banco Central informó que ya no existen elementos que permitan reconstruir esa operatoria”, explicó Rosello.
La investigación también puso bajo análisis la modalidad utilizada para emitir los valores. Según surge del expediente, los cheques habrían sido confeccionados al portador, una práctica que se apartaba de los mecanismos de control habitualmente utilizados por la Cooperativa para sus operaciones comerciales.
El debate oral permitirá escuchar a los testigos propuestos por las partes y analizar la prueba documental acumulada durante años de investigación. La primera audiencia estará destinada a la presentación de los lineamientos de acusación y defensa, además del inicio de las declaraciones testimoniales.
Antes de llegar a esta instancia existieron conversaciones para avanzar en un juicio abreviado entre la Fiscalía y las defensas de los imputados. Sin embargo, las negociaciones no prosperaron y finalmente será el juicio oral el que determinará las responsabilidades penales de los acusados.
Por la magnitud económica del perjuicio investigado y por el impacto institucional que tuvo en la Cooperativa y en la comunidad de 9 de Julio, el proceso es seguido con especial expectativa. La acusación sostiene que los fondos desviados equivaldrían actualmente a aproximadamente 700 millones de pesos, una cifra que refleja la dimensión del caso que comenzará a debatirse desde este martes en los tribunales de Mercedes.
Agencia MTR