A las 11.20 de este martes 2 de junio de 2026 comenzó el debate oral y público en la causa N° 9761 que se tramita ante el Juzgado Correccional N° 1 del Departamento Judicial Mercedes, a cargo de la jueza Claudia Esquivel.
En representación del Ministerio Público Fiscal interviene el fiscal de Cámara Pedro Illanes, mientras que la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno Ltda. de Nueve de Julio participa como particular damnificado, representada por el abogado Franco Rosello.
En el banquillo de los acusados se encuentran Omar Miguel Malondra, de 70 años, expresidente de la entidad; Carmen Amalia Castagnino, de 64 años, exsecretaria; y Alfredo Abel Poggi, de 83 años, extesorero de la cooperativa.
Tras la identificación formal de los imputados, la magistrada dio lectura a la acusación contenida en el requerimiento de elevación a juicio.
Según la hipótesis sostenida por la Fiscalía, los tres acusados, en sus respectivas funciones dentro del Consejo de Administración de la Cooperativa Mariano Moreno, habrían librado de manera conjunta tres cheques correspondientes a la cuenta corriente de la entidad por un total de 5.598.000 pesos. (La actualización significaría unos $800 millones)
De acuerdo con la acusación, esos fondos provenían de aportes girados por el Estado Nacional en el marco del programa “Más Cerca, Más Municipio, Mejor País, Más Patria”, destinado a financiar la compra de luminarias LED para el alumbrado público de la ciudad de Nueve de Julio. Esa compra la hizo, más tarde, la CEyS con dinero de los asociados.
La investigación sostiene que los cheques fueron emitidos sin cumplir mecanismos de seguridad que eran habituales en la cooperativa, particularmente la inclusión de la leyenda “no a la orden” y su emisión cruzada, requisitos que habrían impedido su cobro por terceros ajenos a la operación.
La Fiscalía afirmó que Malondra impulsó que los fondos del programa fueran administrados de manera separada de la contabilidad habitual de la cooperativa y que, junto con Castagnino y Poggi, autorizó la confección de los cheques sin las restricciones habituales.
La acusación señala además que los valores fueron emitidos a nombre de SUTEC S.A., pero que posteriormente la propia empresa negó haber recibido los cheques y desconoció que una persona identificada como Carlos Mendoza tuviera representación para percibirlos. Trascendió en su momento que la persona fue una creación de fantasío poniendole el nombre Carlos el apellido mendoza por ser la calle de la sede la CEyS Mariano Moreno, conformes fuentes de la entonces cartera que conducía Julio De Vido.
Según la documentación bancaria incorporada a la causa, los tres cheques terminaron depositados en una cuenta perteneciente a una firma denominada Recaudadora Centenario S.A., radicada en Villa Crespo. De acuerdo con la investigación, esa cuenta fue posteriormente cerrada por decisión de organismos de control financiero vinculados a la prevención del lavado de activos y otras actividades ilícitas.
El fiscal Pedro Illanes sostuvo durante los lineamientos de la acusación que la prueba reunida permitirá acreditar que los fondos salieron de la cooperativa, nunca llegaron al proveedor previsto y ocasionaron un perjuicio patrimonial al Estado Nacional por la suma total de 5.598.000 pesos (actualiados serían $800 millones y donde la Coopertiva puso dinero de los asociados, para la obra de luces led, que no se completó.
Por ese motivo, el Ministerio Público Fiscal encuadró provisoriamente los hechos en el delito de fraude en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, la representación de la Cooperativa Mariano Moreno, Dr. Franco Rosello adhirió íntegramente a la acusación fiscal y a la calificación legal propuesta.
La defensa de los tres imputados – Defensoras Oficiales, Dras. Celeste Vila e Irene Marchiana, rechazó las imputaciones y adelantó que buscará demostrar durante el debate la inexistencia de responsabilidad penal de sus asistidos. En su exposición inicial sostuvo que la causa se originó a partir de una denuncia presentada por el propio Omar Malondra y remarcó que los acusados llevan varios años sometidos al proceso judicial.
Las defensoras manifestaron que Malondra, Castagnino y Poggi son “personas de bien” que integraron durante años el Consejo de Administración de la cooperativa y afirmaron que el juicio permitirá demostrar su inocencia, solicitando finalmente la absolución de los tres imputados.
Concluidas las cuestiones preliminares, el tribunal abrió la etapa de producción de prueba y anunció la comparecencia de los primeros testigos citados para esta jornada, entre ellos Lorena Maza, Valeria Soledad Orefive, Cristina Mantegna, Alberto Mario Regalia y Matías Germán Losinno.
El debate continuará con la recepción de testimonios y el análisis de la abundante prueba documental y bancaria incorporada al expediente, considerada clave para determinar el destino final de los fondos públicos investigados.
Las audiencias de testigos seguirán este jueves y viernes, lunes 8 y el viernes 12 de junio se dará a conocer el veredicto. Pasado unos días se conocerá la sentencia.
Agencia MTR