La crisis que atraviesa el sistema de prestaciones para personas con discapacidad sumó esta semana un nuevo capítulo judicial. El titular del Juzgado Federal N°3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, ordenó al Gobierno nacional regularizar en un plazo de 72 horas las deudas que mantiene con prestadores del sistema de discapacidad de esa provincia, luego de hacer lugar a un amparo colectivo impulsado por familias y organizaciones del sector.
La resolución apunta directamente contra el Ministerio de Salud de la Nación y el programa Incluir Salud, la obra social pública destinada a personas con discapacidad, que acumula meses de atraso en los pagos a instituciones de rehabilitación, transporte, educación y asistencia terapéutica.
Según denunciaron las organizaciones demandantes, en algunos casos los prestadores no cobran desde diciembre del año pasado. Para el magistrado, las explicaciones oficiales sobre supuestos problemas administrativos ya no alcanzan.
“El Ministerio había contestado que estaban atrasados con los pagos por una cuestión organizativa, y que desde diciembre no se abonaban estas prestaciones. Si no hay problemas de dinero, ni problemas administrativos ninguno, simplemente se trata de un atraso, bueno, esperamos que puedan cumplir con esta ley”, sostuvo Vaca Narvaja tras conocerse el fallo.
Desde el Gobierno aseguran que el retraso responde a dificultades burocráticas derivadas de la reestructuración estatal y de los cambios internos en el área de discapacidad. Sin embargo, las organizaciones del sector sostienen que el problema es mucho más profundo y denuncian un ajuste sistemático sobre las prestaciones.
Uno de los principales reclamos apunta al incumplimiento de la llamada Ley de Emergencia en Discapacidad, que contemplaba mecanismos de compensación económica para cubrir el atraso acumulado desde fines de 2023. Las entidades calculan que la pérdida de ingresos ronda el 40 por ciento.
En paralelo al conflicto judicial, el Gobierno anunció este jueves una actualización del “nomenclador” de prestaciones del 2,6 por ciento, equivalente al índice de inflación de abril. El nomenclador es el valor de referencia que utilizan las prepagas, obras sociales, el PAMI e Incluir Salud para pagar tratamientos y servicios vinculados a discapacidad.
Aunque el aumento fue recibido como un alivio parcial, las organizaciones remarcan que resulta insuficiente frente al deterioro acumulado.
“El 2,6 es una buena noticia. El problema es que si no compensan lo que perdimos por los dos primeros años de motosierra es casi lo mismo que nada, porque ahí está realmente el ajuste al sector”, explicó Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
“Ese reclamo sigue firme y es la parte central de la Ley de Emergencia que no están cumpliendo. Y a eso se le suma las deudas directamente porque no te pagan. Facturás y no depositan. Es angustiante. Eso está llevando a muchos a la quiebra”, agregó.
El amparo presentado en Córdoba detalla situaciones críticas que atraviesan centros de atención y hogares especializados.
Uno de los casos es el del Centro Educativo Mi Lugar, que brinda terapias de fonoaudiología, kinesiología, psicomotricidad y psicopedagogía para niños y adultos con discapacidad. Según consta en la presentación judicial, el retraso en los pagos “pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable”.
Otro caso alarmante es el del Pequeño Cottolengo Don Orione, que mantiene una deuda cercana a los 60 millones de pesos con ARCA sólo en intereses de cuotas vencidas de seguridad social.
El expediente judicial señala además que la institución debió afrontar pagos desdoblados de salarios, atrasos con proveedores y reclamos de trabajadores. A eso se sumó la interrupción en la entrega de medicamentos durante febrero, marzo y abril.
Las organizaciones advierten que el deterioro financiero ya tiene consecuencias directas sobre miles de personas que dependen diariamente de tratamientos, acompañamiento terapéutico, transporte adaptado y provisión de medicamentos.
“El abandono al sector impacta directamente sobre personas que necesitan estas prestaciones para vivir”, sostienen desde el colectivo de discapacidad, donde crece la preocupación por cierres de instituciones y reducción de servicios.
El fallo de Córdoba se suma a otros antecedentes judiciales recientes que obligaron al Gobierno a ejecutar fondos para sostener el sistema. Según recuerdan desde el sector, recién en enero de este año la administración nacional cumplió parcialmente con una orden similar dictada por la Justicia de Campana, luego de amenazas de sanciones económicas a funcionarios.
Por el momento, el Ministerio de Salud no confirmó si cumplirá dentro del plazo fijado por la Justicia cordobesa. Mientras tanto, el conflicto continúa escalando y las organizaciones anticipan nuevas medidas de presión y acciones judiciales si no aparecen respuestas inmediatas.
Agencia MTR