El Gobierno nacional modificó la reglamentación de la Ley de Defensa del Consumidor 24.240 e incorporó un nuevo mecanismo de “pago voluntario” para multas aplicadas en procedimientos administrativos por infracciones a la normativa de defensa del consumidor. La medida fue oficializada este viernes mediante el Decreto 377/2026, publicado en el Boletín Oficial.
La nueva disposición incorpora un inciso a la reglamentación de la ley y habilita a los proveedores sancionados a cancelar las multas con una reducción del 50% del monto total, siempre que acepten la sanción impuesta y realicen el pago dentro de los diez días hábiles posteriores a la notificación.
Según establece el decreto, el beneficio quedará automáticamente sin efecto si el infractor decide cuestionar judicialmente la sanción mediante el recurso directo previsto en el artículo 45 de la Ley de Defensa del Consumidor. En esos casos, la multa deberá abonarse en su totalidad si la resolución administrativa resulta confirmada.
En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo sostuvo que el régimen sancionatorio vigente no contemplaba incentivos para facilitar el pago anticipado de multas, a diferencia de otros esquemas aplicados en normas vinculadas al comercio interior y en distintos procedimientos administrativos implementados por autoridades provinciales y municipales del país.
El Gobierno argumentó además que el nuevo sistema busca “disminuir la litigiosidad administrativa y judicial”, reducir costos operativos tanto para el Estado como para las empresas y avanzar hacia “una gestión pública ágil y eficaz” en la tramitación y resolución de actuaciones administrativas.
De esta manera, la administración nacional apuesta a acelerar el cierre de expedientes vinculados a infracciones de consumo, al tiempo que intenta descomprimir la carga de reclamos y apelaciones en sede judicial.
La modificación se enmarca dentro de una serie de reformas impulsadas por el Ejecutivo orientadas a simplificar procedimientos administrativos y reducir tiempos de resolución en distintos organismos del Estado.
Agencia MTR