Un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina encendió el debate sobre el impacto fiscal del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al estimar que los proyectos ya aprobados bajo este esquema podrían generar un costo anual para el Estado argentino de hasta USD 1.395 millones.
De acuerdo con el análisis del CEPA, el costo fiscal anual en un escenario base alcanza los USD 1.069 millones, aunque el monto podría ubicarse en un rango de entre USD 786 millones y USD 1.395 millones dependiendo del nivel de exportaciones alcanzado por los emprendimientos incluidos en el régimen.
El informe señala que el principal componente de la pérdida de recursos fiscales proviene de la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias. El RIGI establece una baja del 35% al 25% para las empresas adheridas, lo que implica una renuncia recaudatoria estimada en USD 545 millones anuales.
Según el CEPA, este beneficio impacta principalmente en proyectos de alta rentabilidad como el desarrollo de GNL encabezado por Southern Energy y el proyecto minero Los Azules.
El estudio también calcula que el Estado dejará de percibir unos USD 107 millones anuales por la eliminación o reducción de retenciones a las exportaciones. Entre los sectores más beneficiados aparecen proyectos vinculados al litio y la minería de plata, como Rincón de Litio, Hombre Muerto Oeste, Diablillos y Gualcamayo.
En el corto plazo, el informe advierte que entre 2025 y 2028 el impacto más visible estará vinculado a la etapa de construcción de los proyectos. En ese período, el costo fiscal actual se estima en USD 430 millones anuales debido principalmente a exenciones en aranceles e IVA preoperativo.
Otro dato destacado del relevamiento es el rol predominante de YPF dentro del régimen. Según el CEPA, la compañía tiene participación directa o un rol central en proyectos que concentran el 68,5% de las inversiones aprobadas hasta el momento, equivalente a USD 18.267 millones sobre un total de USD 26.679 millones.
El informe también cuestiona uno de los principales argumentos oficiales para defender el RIGI: la generación de nuevas inversiones. El CEPA sostiene que al menos siete de los doce proyectos aprobados ya habían sido anunciados previamente, contaban con estudios avanzados o registraban inversiones ejecutadas antes de la sanción de la ley.
“Esto sugiere que el RIGI no está generando necesariamente nuevas inversiones, sino otorgando beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios extraordinarios a proyectos que probablemente se hubieran desarrollado de todos modos”, sostiene el documento.
Además, el centro de estudios advirtió sobre el impacto potencial del denominado “SuperRIGI”, una propuesta que ampliaría aún más los beneficios para grandes inversores y reduciría la alícuota de Ganancias del 25% al 15%, profundizando el costo fiscal para el Estado.
El informe del CEPA reaviva así la discusión sobre el equilibrio entre atraer inversiones y preservar recursos fiscales en un contexto de fuerte ajuste de las cuentas públicas impulsado por el gobierno de Javier Milei.
Agencia MTR
Esa es una visión parcial de la cosa porque es lo que no recaudaría si los desarrollos se hubieran concretado con el régimen anterior, hay que tener en cuenta también que si no existiera el régimen, los proyectos se concretaban igual. A la disminución de recaudación hay que contraponer los beneficios que originan los proyectos cuando se concreten. Pareciera tendencioso el informe de esta denominada CEPA, no?