El Ministerio de Salud de la Nación oficializó una profunda actualización del Sistema Nacional de Sangre, con cambios que impactan tanto en el proceso de donación como en la organización de los servicios de hemoterapia en todo el país. La medida quedó formalizada mediante la Resolución 536/2026, publicada en el Boletín Oficial, y reemplaza normativas vigentes desde hace más de una década.
Uno de los puntos centrales de la nueva reglamentación es la eliminación del denominado sistema de “donación de reposición”, una práctica habitual en la que pacientes o familiares debían conseguir donantes para acceder a cirugías, transfusiones o determinados tratamientos médicos.
Con la nueva normativa, esa exigencia queda expresamente prohibida. A partir de ahora, ningún establecimiento de salud podrá condicionar una intervención médica a la presentación de donantes por parte del paciente o su entorno. Las donaciones dirigidas a una persona en particular solo podrán realizarse cuando exista una indicación terapéutica específica.
Desde la cartera sanitaria explicaron que el objetivo es avanzar hacia un esquema basado exclusivamente en la donación voluntaria, habitual y altruista, considerado más seguro desde el punto de vista sanitario. Según indicaron, quienes donan regularmente presentan menores índices de infecciones transmisibles, lo que reduce riesgos en las transfusiones.
Nuevos criterios para donar sangre
La resolución también introduce cambios en los criterios de selección de donantes. Entre las modificaciones más relevantes, se elimina la exclusión automática de determinados grupos poblacionales que históricamente eran considerados de riesgo.
En lugar de restricciones generalizadas, el nuevo sistema evaluará conductas específicas y factores individuales respaldados por evidencia científica, como determinadas prácticas sexuales o el consumo de drogas.
Además, se elimina la obligación de realizar ayuno antes de donar sangre. Por el contrario, ahora se recomienda ingerir al menos medio litro de agua o bebidas con sales aproximadamente 30 minutos antes de la extracción.
Cambian los plazos de espera
En línea con los avances tecnológicos en los métodos de detección y análisis de sangre, también se modificaron los tiempos de espera para quienes hayan estado expuestos a determinadas situaciones consideradas de riesgo.
La nueva normativa establece un período de seis meses de diferimiento para personas que:
- hayan tenido una nueva pareja sexual o más de una pareja sexual en los últimos tres meses y hayan mantenido relaciones sexuales anales;
- hayan utilizado profilaxis preexposición o postexposición por vía oral;
- se hayan realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos;
- hayan permanecido en instituciones penitenciarias durante más de 72 horas.
Regulación de terapias celulares
Otro de los aspectos incorporados por la resolución es la actualización del marco regulatorio para el procesamiento de terapias celulares y componentes especiales.
Entre ellos se incluyen el Plasma Rico en Plaquetas (PRP), utilizado en distintos tratamientos médicos y estéticos, y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO), empleado en determinadas terapias oculares.
Hacia una red integrada de sangre
La normativa también apunta a reorganizar el funcionamiento del sistema de hemoterapia en todo el país mediante la creación de una red integrada de sangre con procesos coordinados y mayor control.
Para ello, se fortalecerá el rol de los Centros Regionales de Hemoterapia y se avanzará progresivamente en la desactivación de bancos de sangre intrahospitalarios, con el objetivo de centralizar procesos y mejorar estándares de calidad y seguridad.
Asimismo, todos los centros de hemoterapia, bancos de sangre y servicios de medicina transfusional deberán digitalizar sus registros y garantizar sistemas de trazabilidad.
Esto permitirá realizar un seguimiento detallado de cada etapa del proceso: desde la captación de donantes voluntarios hasta la utilización final de la sangre en pacientes, bajo protocolos más estrictos de control y auditoría.
Las instituciones de salud tendrán un plazo máximo de dos años para adecuarse a los cambios estructurales y tecnológicos exigidos por la nueva reglamentación, que ya entró en vigencia tras su publicación oficial.
Agencia MTR