Con el objetivo de garantizar un acceso más rápido y efectivo a la justicia en conflictos vinculados al ambiente, fue presentado un proyecto de ley que impulsa la creación del Sistema de Justicia Ambiental Itinerante (SIJA) en la provincia de Buenos Aires.
La propuesta, elaborada por el abogado nuevejuliense Enrique Petraccaro, plantea modificar la Ley 5827 —Orgánica del Poder Judicial bonaerense— para incorporar un nuevo Fuero Ambiental Itinerante, que funcionará inicialmente mediante Unidades Judiciales Móviles (UJM) con capacidad para trasladarse a los lugares donde se denuncien presuntos daños ambientales.
Según el texto presentado ante la Secretaría de Planificación de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, estas unidades tendrán competencia territorial extendida y podrán actuar directamente en zonas afectadas por contaminación, pasivos ambientales, conflictos hídricos o emergencias ecológicas.
El proyecto establece que cada unidad estará integrada por un juez especializado en derecho ambiental, un fiscal ambiental itinerante, un defensor oficial, personal judicial y un cuerpo interdisciplinario de expertos conformado por profesionales en ciencias ambientales, ingeniería y biología.
Entre sus principales funciones, el nuevo fuero podrá intervenir en acciones de amparo ambiental colectivo, medidas cautelares para prevenir daños, procesos de recomposición ambiental y revisión de estudios de impacto ambiental.
Uno de los aspectos más novedosos de la iniciativa es que habilita la realización de audiencias e inspecciones judiciales en el propio lugar donde ocurrió el daño denunciado, con el objetivo de acelerar los procesos y mejorar la recolección de pruebas.
El proyecto también contempla una articulación permanente con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), universidades nacionales y gobiernos municipales para fortalecer la capacidad técnica y logística del sistema.
En materia presupuestaria, la iniciativa prevé financiamiento específico dentro del presupuesto judicial, además de la creación de un fondo provincial destinado exclusivamente a tareas de recomposición ambiental.
La implementación sería gradual. En una primera etapa, las unidades móviles comenzarían a operar en zonas consideradas críticas como las cuencas Matanza-Riachuelo, Reconquista y Luján.
En la nota de elevación enviada a la Suprema Corte, Petraccaro solicitó que el máximo tribunal provincial evalúe la viabilidad institucional del proyecto y, en caso de obtener un dictamen favorable, impulse ante el Poder Ejecutivo bonaerense su tratamiento legislativo.
La iniciativa busca dar una respuesta concreta a conflictos ambientales cada vez más frecuentes en la provincia y acercar la justicia a comunidades que actualmente enfrentan dificultades para acceder a mecanismos judiciales especializados.
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Agencia MTR