En medio de la polémica generada por la utilización financiera del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica por parte del Gobierno nacional, el distrito de Nueve de Julio —que estuvo en el centro de la escena por las inundaciones y la necesidad de obras esenciales en la zona rural— canceló a comienzos de este quinto mes del año las obligaciones pendientes correspondientes a trabajos ejecutados junto a productores agropecuarios y la Provincia de Buenos Aires durante 2025.
El planteo surge luego de conocerse que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica mantiene miles de millones de pesos invertidos en instrumentos financieros, mientras persisten demoras en obras estratégicas para el control de inundaciones en la Cuenca del Salado.
En ese contexto, desde el ámbito local señalaron que, pese a reclamar a Nación los recursos comprometidos para infraestructura hídrica, el partido de Nueve de Julio continuó afrontando responsabilidades económicas vinculadas a obras esenciales para el sector productivo y para la protección de los caminos rurales.
Asimismo, se observa que el municipio viene sosteniendo un esquema de planificación y ejecución de trabajos aun en un escenario de recursos limitados. En ese sentido, nunca se interrumpieron las tareas destinadas a mejorar la conectividad de las localidades y de los distintos caminos del partido, considerados fundamentales para la producción, la educación y la vida cotidiana de los vecinos.
Mientras se reclama a Nación por fondos que corresponden a obras hídricas esenciales, Nueve de Julio hizo frente a sus compromisos y siguió trabajando con esfuerzo conjunto junto a productores y la Provincia.
La consideración tomó fuerza luego de que se conociera que el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica contaba, al 6 de abril de 2026, con más de $34.922 millones en cuentas a la vista y alrededor de $258.000 millones invertidos en Letras del Tesoro Capitalizables (Lecap), según información enviada por el Ministerio de Economía al Congreso.
Desde distintos sectores agropecuarios y políticos cuestionaron que esos recursos no estén siendo destinados de manera directa a obras prioritarias, especialmente en la Cuenca del Río Salado, una región estratégica para la producción bonaerense y afectada históricamente por inundaciones.
En paralelo, desde la comuna la situación financiera continúa siendo compleja durante 2026 y aún existen atrasos en los pagos a algunos proveedores de servicios debido al contexto de escasez de recursos. No obstante, se logró regularizar y poner al día las obligaciones correspondientes al año 2025, lo que representa un esfuerzo significativo de ordenamiento de las cuentas públicas.
Este logro, o regularización no implica que la situación económica esté resuelta. Por el contrario, se observa que persisten dificultades financieras, aunque el trabajo diario es para mejorar la administración de los recursos y sostener las obras e inversiones necesarias para los sectores afectados y brindar los servicios que alcanzan a toda la población.
En tanto, desde los sectores rurales que cuestionan al Gobierno nacional insisten en que esos fondos deben destinarse de manera directa a obras que no solo representan una mejora para la producción agropecuaria, sino también una herramienta indispensable para garantizar transitabilidad, conectividad y desarrollo en el interior bonaerense.
Agencia MTR