Aunque fue promulgada tras la insistencia del Congreso frente al veto presidencial, la Ley de Financiamiento Universitario sigue sin aplicarse por decisión del Poder Ejecutivo. Un nuevo informe de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia analiza la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales y cuestiona el uso del argumento de la “restricción fiscal” cuando están en juego derechos fundamentales como el acceso a la educación superior.
Tras un extenso conflicto político e institucional, la Ley de Financiamiento Universitario fue finalmente promulgada en octubre de 2025 luego de que el Congreso insistiera con su aprobación frente al veto del presidente Javier Milei.
Sin embargo, su implementación permanece frenada por decisión del Poder Ejecutivo, que argumenta que no existen recursos presupuestarios suficientes para cumplir con la norma.
La disputa escaló al plano judicial, donde el Consejo Interuniversitario Nacional obtuvo una medida cautelar contra el Estado nacional para exigir la aplicación de la ley. No obstante, esa resolución también se encuentra actualmente suspendida.
En ese contexto, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia presentó el informe “Ley de financiamiento universitario. Los límites democráticos y de derechos al argumento fiscal”, en el que analiza la crisis que atraviesa el sistema universitario argentino y cuestiona el uso de la “restricción presupuestaria” como fundamento para no ejecutar una ley vigente.
Según el informe, las estimaciones sobre el costo fiscal de aplicar la norma oscilan entre los $2,5 y $3,6 billones. Desde el Gobierno nacional sostienen que ese gasto podría afectar el equilibrio fiscal. Sin embargo, el documento plantea que el Estado enfrenta limitaciones para justificar recortes cuando la escasez de recursos también responde a decisiones políticas previas.
Entre ellas, el informe destaca la modificación del impuesto sobre Impuesto sobre los Bienes Personales aprobada en 2024 a impulso del Poder Ejecutivo, que habría generado una reducción recaudatoria estimada en 0,2% del PBI anual durante 2024 y 2025. A valores actuales, eso representa cerca de $5 billones en dos años.
Mientras tanto, las universidades nacionales atraviesan uno de los momentos más críticos desde el retorno de la democracia. Entre 2023 y 2025, la ejecución real del gasto universitario cayó un 29%, alcanzando su nivel más bajo desde 2006. En términos por estudiante, el financiamiento descendió a $2,4 millones, el valor más bajo registrado al menos desde 2004.
La situación también impacta de lleno en los salarios docentes. En marzo de 2026, un profesor asistente con dedicación semiexclusiva cobraba un salario real 25% inferior al de tres años atrás, profundizando el deterioro del sistema de educación superior.
Desde ACIJ señalaron que el debate no puede reducirse únicamente a variables fiscales cuando están comprometidos derechos fundamentales. El informe completo puede consultarse en ACIJ.
Agencia MTR