En muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires y el resto del país, los controles viales parecen ser insuficientes ante una realidad creciente y cada vez más preocupante: el aumento de los secuestros de motos sin documentación, las modificaciones ilegales de los caños de escape para generar ruidos molestos, y el comportamiento temerario de conductores, muchos de ellos menores de edad.
Este fenómeno, que afecta la seguridad y la convivencia social, revela una crisis que va más allá de las autoridades locales encargadas de hacer cumplir la ley.
¿Qué hay detrás de este fenómeno? ¿Cómo podemos abordarlo en un contexto donde el sistema de justicia y seguridad está colapsado?
Un problema con múltiples dimensiones
El Intendente Interino de Nueve de Julio, Julio Bordone, ha señalado correctamente que esta problemática tiene un trasfondo sociológico profundo, difícil de comprender en su totalidad.
No es un fenómeno aislado de Buenos Aires, ni mucho menos exclusivo de las grandes ciudades. Las motos y su uso desregulado representan un problema que está alcanzando a diversos sectores de la sociedad, desde los jóvenes más vulnerables hasta las familias que dependen del transporte en moto como medio de trabajo y sustento.
El contraste es claro: por un lado, están aquellos que conducen de manera irresponsable, generando peligros constantes para ellos mismos y para los demás.
Por otro, se encuentran quienes, con prudencia y respeto por las normas, usan las motos para trasladarse para trabajo, paseo y alcanza tambien en un contexto económico y social que no siempre les permite optar por otro medio de transporte. La moto es un medio de transporte, respetan las normas y sufren, también, la conducta temeraria de unos pocos.
Aquí se evidencia una brecha entre dos realidades que, aunque diferentes, están marcadas por un mismo medio: las motos.
El colapso del sistema de justicia y el papel de la comunidad
El principal problema radica en la imposibilidad de los sistemas de control y justicia de adaptarse a esta nueva realidad. El sistema judicial y de seguridad está colapsado, sobrepasado por la actividad diaria que muchas veces alcanza a delitos menores, las infracciones de tránsito y la creciente presencia de menores de edad involucrados en este tipo de conductas. Los controles de tránsito, aunque necesarios, no son suficientes para frenar la expansión de este fenómeno. Por más que las autoridades intenten aumentar la presencia policial o el secuestro de vehículos, no logran resolver la raíz del problema.
Entonces, surge la pregunta: ¿A qué obedece este desprecio por la vida propia y ajena? Es una cuestión multifactorial. La falta de oportunidades educativas y laborales, el desinterés o la falta de autoridad familiar, la disfunción en las políticas públicas de transporte y seguridad, y la percepción de que “la ley no se cumple” en muchos sectores de la sociedad. Todo esto forma un caldo de cultivo para que las conductas temerarias se normalicen.
Es evidente que no se trata solo de un problema de orden público, sino de un desafío social profundo. La solución no debe limitarse a aumentar las sanciones o a incrementar los controles viales, sino que requiere una intervención más compleja y abarcativa.
Propuestas para un abordaje integral
Educación vial desde temprana edad: La educación en seguridad vial debe ser integrada desde las primeras etapas de la escolaridad, en todos los niveles, pero particularmente en las zonas más vulnerables. Enseñar desde pequeños la importancia de respetar las normas de tránsito no solo como un acto de obediencia a la ley, sino como una responsabilidad cívica, podría contribuir a modificar conductas a largo plazo. Ya lleva más de dos decadas el distrito de Nueve de Julio de esta educacion desde la escolaridad en todos los niveles, sin embargo, parecería que no es suficiente. En otros distritos se siguio este ejemplo de Nueve de Julio desde la epoca del Intendente Walter Battistella, y nada.
Refuerzo de la autoridad en la vía pública: Aunque los controles no son la solución definitiva, sí son necesarios. Es crucial que las fuerzas de seguridad estén mejor capacitadas para abordar estas situaciones de forma eficaz, sin caer en la criminalización excesiva de jóvenes que a menudo no tienen otra alternativa que subirse a una moto por falta de recursos o acceso a otros medios de transporte.
Incentivar el uso de motos de manera segura: Muchos motociclistas que viajan con más de un ocupante lo hacen por necesidad y no por gusto. Programas de subsidios o créditos accesibles para la compra de motos que cumplan con las normas de seguridad y emisiones podrían ser una opción para reducir el uso de vehículos sin documentación o con modificaciones ilegales. La intendente María José Gentile impulsó el acceso al casco a los necesitados y parecería que todo es insuficiente.
Intervención social y apoyo a las familias: Como señaló el Intendente Interino de Nueve de Julio, Julio Bordone, este fenómeno tiene un fuerte componente sociológico. La familia y la comunidad deben estar involucradas en la solución. Si bien el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de las leyes, las comunidades también deben generar espacios de contención para aquellos jóvenes que se ven atraídos por conductas peligrosas como forma de pertenencia o desafío.
Desarrollo de alternativas de transporte público accesibles y eficientes: El transporte público sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes en muchas ciudades del país. Si las motos se utilizan como una alternativa más rápida y económica ante la ineficiencia de los sistemas de transporte masivo, la solución debe ir por la mejora del transporte público, con más frecuencias, tarifas accesibles y una infraestructura adecuada para todos los ciudadanos. En Nueve de Julio hay una propuesta a resolverse.
El rol de la sociedad civil
Finalmente, más allá de la acción de las autoridades, es esencial el compromiso de la sociedad en su conjunto.
La convivencia social no solo depende de la presencia del Estado en las calles, sino también de la colaboración activa de la ciudadanía. Las organizaciones no gubernamentales, las escuelas, las iglesias, y los barrios en general deben formar parte de este proceso educativo y preventivo. Solo con un esfuerzo colectivo podremos abordar este problema que no solo afecta la seguridad, sino también la calidad de vida de todos.
Las motos y las conductas temerarias asociadas a ellas son una manifestación de una realidad mucho más compleja. El sistema de justicia, tal como lo conocemos hoy, no es suficiente para abordar esta problemática. Es necesario repensar estrategias, involucrar a la sociedad y mejorar las condiciones socioeconómicas de los sectores más vulnerables.
La solución, lejos de ser un enfoque punitivo, debe ser integral y centrada en la prevención y la educación. De lo contrario, seguiríamos dando vueltas en un círculo vicioso que no hará más que empeorar la convivencia social.
*Director-creador del Grupo-Multimedios Cadena Nueve-Periodista-Abogado-Consultor de Medios-Autor de: ‘Delitos en la Prensa’-La Plata,1983-‘La Noticia en Imagen’, Pamplona 1991-‘Lo Mejor de Dios, Ellas’, El Remanso, 2007
Agencia MTR