Un grupo de productores agropecuarios presentó una denuncia penal en la Fiscalía N° 2 de Trenque Lauquen contra los intendentes Daniel Stadnik (Carlos Casares) y María José Gentile (Nueve de Julio), en su carácter de presidente y vicepresidenta del Comité de Cuenca A3 del río Salado. La acusación apunta también a funcionarios de la Autoridad del Agua (ADA) y de la Dirección de Hidráulica bonaerense, al sostener que la inacción oficial agravó la crisis por las inundaciones que afectaron a la región en los últimos meses.
La presentación judicial, ingresada el lunes y que quedó a cargo del fiscal Tomás O’Reilly, se basa en tres figuras del Código Penal: estrago por inundación, omisión impropia e incumplimiento de deberes de funcionario público. Según los denunciantes, la falta de obras y de mantenimiento de canales y caminos rurales provocó que miles de hectáreas quedaran bajo el agua, con fuertes consecuencias para la producción agrícola-ganadera y la vida social y económica de las comunidades.
En el escrito se plantea que la magnitud del daño no se debió solo a lluvias extraordinarias, como argumentan las autoridades, sino “fundamentalmente a la inacción de los funcionarios responsables”. En ese sentido, cuestionaron que Stadnik, como titular del Comité, “lejos de coordinar medidas concretas, se limitó a atribuir las inundaciones al cambio climático y a factores climáticos excepcionales”.
La denuncia también incluye expresiones de Gentile en actas del Comité, donde la jefa comunal de 9 de Julio manifestó su preocupación por los caminos rurales y pidió mayor coordinación con Hidráulica, aunque —según los productores— sin impulsar medidas efectivas. Asimismo, se incorporaron declaraciones públicas de Stadnik en las que reconoció no haber convocado al organismo técnico porque “estaba esperando salir de la emergencia y porque se atravesaba un escenario electoral”.
El impacto productivo fue severo: Carbap estimó que a mediados de septiembre había más de 100.000 hectáreas afectadas en Carlos Casares y unas 150.000 en Nueve de Julio, entre campos anegados e inundados. Los productores remarcaron que los perjuicios alcanzaron a cultivos, pasturas, la actividad lechera y la ganadería, con estrés en los rodeos y dificultades de alimentación para los animales.
Consultado, Stadnik aseguró que no estaba al tanto de la denuncia, mientras que desde la intendencia de Nueve de Julio evitaron realizar comentarios. Ahora será la Justicia la que defina si avanza con la investigación sobre las responsabilidades políticas y administrativas en la emergencia hídrica que golpea a la región.
Fuente, La Nacion
Agencia MTR