La resolución no perdona las multas ni sanciones, pero posterga su cobro y acreditación a los usuarios hasta que entre en vigencia la Revisión Tarifaria Integral. Este gesto es un alivio para muchas de las cooperativas eléctricas del interior.
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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un acuerdo con las distribuidoras Edelap, Edea, Eden y Edes para postergar el pago de penalizaciones y sanciones aplicadas por incumplimientos en la calidad del servicio eléctrico. Este gesto es un alivio para muchas de las cooperativas eléctricas del interior.
La medida, publicada este jueves por el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos en el Boletín Oficial, regirá hasta la entrada en vigencia del primer cuadro tarifario resultante de la próxima Revisión Tarifaria Integral (RTI), lanzada el año pasado y actualmente en proceso.Según la resolución ministerial, las empresas no deberán acreditar por ahora a los usuarios las penalizaciones acumuladas desde junio de 2017 ni las que se apliquen en adelante. Tampoco deberán afrontar las sanciones complementarias que se encuentren firmes en sede administrativa.Sin embargo, estas obligaciones no se eliminan: quedarán registradas en cuentas contables específicas creadas al efecto, sujetas a auditorías del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia (OCEBA) y de la propia cartera de Infraestructura.De este modo, se busca aliviar la situación financiera de las distribuidorasen el marco de la etapa de transición tarifaria, vigente desde 2020 tras la declaración de la emergencia económica y sanitaria. El objetivo oficial es garantizar la sustentabilidad del servicio eléctrico hasta que se normalice el esquema tarifario con la nueva RTI.El destino final de los montos acumulados, en tanto, se definirá en el marco de la próxima revisión que deberá determinar si se acreditan a los usuarios, se destinan a inversiones u otro uso previsto en la normativa.