En una democracia sana, la libertad de prensa no es un privilegio: es una garantía. Es la herramienta que permite a la ciudadanía conocer lo que el poder –sea político, económico o judicial– preferiría mantener en la penumbra. Dentro de esa libertad, el secreto profesional de los periodistas no es un capricho ni un acto de rebeldía; es una barrera ética y legal que protege el derecho del público a estar informado.
En los últimos tiempos, hemos visto con preocupación cómo desde ciertos sectores se pretende intimar judicialmente a periodistas para que revelen sus fuentes. Esta práctica, lejos de estar motivada por un afán de transparencia, encubre un intento de disciplinamiento del periodismo crítico. Una justicia que no comprende el valor del secreto profesional no solo vulnera derechos individuales, sino que erosiona pilares fundamentales del Estado de Derecho.
El secreto de las fuentes está protegido por la legislación de muchos países y por tratados internacionales que defienden la libertad de expresión y el derecho a la información. Obligar a un periodista a revelar quién le brindó datos sensibles equivale, en la práctica, a cerrar la puerta a futuras revelaciones. ¿Quién se animará a hablar con la prensa si sabe que será expuesto por orden judicial?
Por otra parte, pretender que el periodista sea quien se defienda en soledad frente a estos embates es ignorar el carácter colectivo de la libertad de prensa. La censura no siempre se presenta con mordazas visibles: a veces, se camufla tras un expediente judicial.
Es necesario que los jueces comprendan su rol en el resguardo de los derechos fundamentales, y que los periodistas, los medios de comunicación y la sociedad civil se mantengan firmes ante cualquier intento de intimidación. Revelar una fuente no solo es una traición al compromiso ético del periodista, sino también una rendición frente al autoritarismo.
En tiempos de polarización y desinformación, proteger al periodismo profesional no es una consigna corporativa, sino un acto de responsabilidad democrática. Sin fuentes protegidas, no hay investigación posible. Sin periodismo libre, no hay democracia que resista.