La presentación de la Sociedad Rural de Nueve de Julio ante el Concejo Deliberante abre una discusión que el distrito viene postergando desde hace años: cómo garantizar el mantenimiento de una red vial rural extensa y estratégica con recursos que, a todas luces, no alcanzan.
La propuesta de crear una Comisión Vial Rural integrada por productores, entidades agropecuarias, la Cámara de Comercio y representantes del Municipio merece un análisis serio, sin prejuicios ni posiciones cerradas.
La experiencia de otros municipios demuestra que existen modelos de gestión compartida que pueden aportar eficiencia y planificación, pero también exige definir con claridad responsabilidades, mecanismos de control y transparencia en el manejo de los fondos públicos.
En ese sentido, las declaraciones del secretario de Gobierno, Federico Aranda a Cadena Nueve, aportan un dato que no puede soslayarse. El funcionario dejó en claro que el gobierno de María José Gentile no rechaza de plano la iniciativa, sino que considera indispensable establecer previamente cómo funcionaría ese eventual consorcio, cuáles serían las obligaciones de cada una de las partes y con qué recursos contaría para cumplir sus objetivos.
También puso sobre la mesa una realidad que muchas veces queda relegada en el debate político: la recaudación de la Tasa de Red Vial resulta insuficiente para sostener el nivel de inversión que demanda la conservación de los caminos rurales del partido. Es una afirmación que transparenta un problema estructural. Los caminos necesitan un volumen de recursos muy superior al que hoy genera esa tasa, especialmente en un distrito de la dimensión territorial de Nueve de Julio, donde las condiciones climáticas deterioran rápidamente la infraestructura. Además, el jefe político comunal añadió que se mantiene un dialogo abierto con la Provincia sobre este tema -además de otros-, para ayuda específica.
La propia gestión municipal ha brindado la información sobre la recaudación de la tasa y el destino de esos recursos, un paso importante para construir confianza. Sin datos claros resulta difícil discutir soluciones; con información pública, el debate puede centrarse en cómo mejorar la administración y conseguir mayores resultados.
Pero tampoco puede desconocerse el planteo de la Sociedad Rural.
El sector productivo es uno de los principales aportantes de esa tasa y llama a participar en las decisiones sobre la utilización de esos fondos, canalizados en obras. No se trata únicamente de una demanda corporativa. Los caminos rurales son esenciales para sacar la producción, pero también para garantizar el acceso de docentes, personal de salud, transporte escolar y vecinos que viven en las localidades del interior del distrito. Cuando un camino está intransitable, el problema deja de ser exclusivamente agropecuario para convertirse en un problema social y económico. Se aisla a la familia de las localidades lo que ha luchado la intendente para que ello no ocurra.
El verdadero desafío consiste en compatibilizar intereses.
El Municipio tiene la responsabilidad institucional de administrar recursos públicos y responder por las obras.
Los productores conocen de primera mano las necesidades de la red vial y pueden aportar experiencia, control y planificación.
Ninguna de las dos miradas, por sí sola, resolverá un problema cuya principal limitación es la falta de financiamiento.
La discusión, entonces, no debería centrarse solo en quién administra los fondos, sino en cómo se generan más recursos, cómo se ejecutan con mayor eficiencia y qué mecanismos de control brindan garantías a toda la comunidad.
Si la creación de una Comisión Vial Rural sirve para fortalecer la planificación, transparentar la inversión y mejorar el estado de los caminos, habrá dado un paso importante. Pero si el debate se transforma en una disputa política o sectorial, el riesgo es perder de vista lo esencial: los caminos rurales no distinguen entre productores, vecinos o municipios. Son una infraestructura estratégica para todo Nueve de Julio y requieren acuerdos amplios, reglas claras y una visión compartida del desarrollo del distrito.
Un buen acuerdo no solo serviría para atender una necesidad real de infraestructura vial rural, sino que también podría convertirse en un ejemplo de que es posible construir políticas públicas a partir del trabajo conjunto entre el Estado municipal y las instituciones intermedias.
Con diálogo, reglas claras y una mirada de grandeza, ambas partes pueden encontrar un camino común que beneficie a toda la comunidad. Porque el desafío excede a un sector: los caminos rurales son una herramienta para el desarrollo productivo, educativo y social del distrito.
Y si existe un consenso sobre una realidad, es que los recursos comunales, por sí solos, resultan insuficientes para afrontar las grandes obras que Nueve de Julio necesita.
Precisamente por eso, la búsqueda de acuerdos, la gestión compartida y la articulación con otras fuentes de financiamiento aparecen hoy como el camino más sensato para transformar una demanda histórica en una política de Estado.
Agencia MTR