El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires apoyó la posibilidad de que productores agropecuarios financien y ejecuten obras de mantenimiento en caminos rurales, aunque advirtió que esas intervenciones deben realizarse bajo proyectos elaborados y dirigidos por profesionales matriculados para evitar impactos hidráulicos, ambientales y estructurales.

El debate sobre el mantenimiento de los caminos rurales continúa sumando voces en distintos distritos bonaerenses, entre ellos Nueve de Julio, donde productores agropecuarios impulsan un esquema de participación privada para mejorar la red vial. En ese contexto, el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires manifestó su respaldo a la iniciativa, aunque remarcó que su implementación debe estar acompañada por una estricta planificación técnica y el cumplimiento de la normativa vigente.

El presidente de la entidad, Jorge O. Castellano, sostuvo que la participación del sector privado puede ser una alternativa válida frente a la escasez de recursos públicos, pero aclaró que “el voluntarismo no puede reemplazar al conocimiento técnico”. En ese sentido, explicó que toda intervención debe contar con proyectos elaborados y dirigidos por ingenieros matriculados para garantizar obras seguras y duraderas.

Desde el Colegio señalaron que una intervención inadecuada sobre un camino rural puede generar consecuencias que trascienden al establecimiento donde se realiza la obra. Modificar cunetas, pendientes o alterar el escurrimiento natural del agua puede provocar problemas hidráulicos que afecten a campos vecinos, además de generar impactos ambientales y comprometer la transitabilidad.

Castellano explicó que cada camino presenta características particulares y requiere un análisis específico que contemple las cuencas hídricas, las condiciones del suelo, la infraestructura existente y el uso previsto de la traza. “No todos los caminos tienen las mismas necesidades”, remarcó, al diferenciar los requerimientos de un acceso tambero respecto de un camino destinado a explotaciones agrícolas o ganaderas.

Asimismo, el Colegio recordó que la provincia ya dispone de un marco normativo para este tipo de obras, establecido por la Ordenanza General 165/73, que exige estudios previos, proyectos técnicos, dirección profesional y las correspondientes aprobaciones administrativas antes de iniciar cualquier intervención. El hecho de que el financiamiento provenga de productores o consorcios rurales no modifica esas obligaciones legales.

La entidad también advirtió sobre el riesgo de repetir prácticas que históricamente resultaron insuficientes para el mantenimiento de los caminos de tierra, como limitarse al uso de motoniveladoras sin una planificación integral. Según indicaron, este tipo de soluciones suelen tener escasa durabilidad e incluso pueden agravar problemas hidráulicos.

Finalmente, los ingenieros consideraron que la participación privada puede transformarse en una oportunidad para optimizar los recursos públicos y ampliar las inversiones en infraestructura rural. Sin embargo, insistieron en que el éxito del modelo dependerá de una adecuada planificación, estudios previos, proyectos acordes a cada situación y una dirección profesional que garantice obras de calidad y dentro del marco legal vigente.