El Gobierno de la provincia de Buenos Aires volvió a suspender el Programa MESA (Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria), una política destinada a complementar la asistencia alimentaria de estudiantes bonaerenses a través de las escuelas.
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 1640/2026, que extiende la suspensión del programa hasta el 31 de enero de 2027, luego de que inicialmente se hubiera dispuesto un plazo de 90 días.
La medida se produce después de que la propia administración provincial reconociera la existencia de una deuda con proveedores por alimentos entregados durante los meses de marzo y abril. Para afrontar esos compromisos, el Ejecutivo dictó previamente la Resolución 1573/2026, mediante la cual autorizó la utilización de fondos excedentes del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para cancelar esas obligaciones.
Desde la oposición señalaron que la secuencia evidencia problemas en la gestión del programa. “Primero suspenden el programa, después reconocen que existía una deuda, luego buscan recursos para pagarla y finalmente vuelven a suspenderlo”, sostuvieron.
El presidente del bloque PRO en el Senado bonaerense, Pablo Petrecca, cuestionó la decisión y pidió que el Gobierno provincial explique con claridad la situación financiera.
“Gobernador, no les diga a los bonaerenses que la suspensión era por noventa días si después termina extendiéndola durante casi un año. No les diga que fortalece un programa mientras utiliza sus recursos para pagar las deudas de otro. Si la Provincia atraviesa una crisis, dígalo con todas las letras. Pero no haga que el costo vuelva a recaer sobre quienes más necesitan del Estado. Porque las prioridades no se explican en una conferencia de prensa: se firman en una resolución. Y hoy esas resoluciones dicen que el ajuste empezó por un programa alimentario”, expresó el legislador.
Petrecca también sostuvo que la suspensión del Programa MESA afecta a miles de familias que recibían un complemento alimentario a través de las escuelas y advirtió que los municipios deberán afrontar una mayor demanda social con recursos propios mientras continúan los reclamos de proveedores por pagos atrasados.
En ese sentido, concluyó:
“Una provincia no se mide por los discursos que pronuncia, sino por las decisiones que firma. Porque las palabras pueden prometer sensibilidad; las resoluciones muestran cuáles son las verdaderas prioridades. Y cuando la primera variable de ajuste termina siendo un programa alimentario, las prioridades de este Gobierno quedan dolorosamente claras.”
Agencia MTR