El presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza en la Legislatura bonaerense, Agustín Romo, presentó un proyecto de ley que propone establecer un régimen de arancelamiento para ciudadanos extranjeros que no cuenten con residencia permanente en el país y accedan a los servicios de salud y educación pública de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa, que lleva la firma de 18 de los 20 integrantes de la bancada libertaria y el acompañamiento del diputado del PRO Guillermo Montenegro, plantea que los recursos provinciales deben destinarse prioritariamente a los bonaerenses y busca implementar un sistema de recupero de costos en prestaciones sanitarias y educativas para quienes no tengan residencia permanente.

La presentación del proyecto se produjo en un contexto de fuerte discusión en redes sociales, luego de que se multiplicaran críticas hacia la Argentina, especialmente acusaciones de racismo vinculadas con la participación de la Selección nacional. Si bien el texto legislativo no hace referencia explícita a esa controversia, Romo vinculó públicamente la iniciativa con ese escenario a través de publicaciones en la red social X y declaraciones periodísticas.

En uno de sus mensajes, el legislador sostuvo: “Universidad pública y gratuita para los argentinos. Basta de pagar la educación de extranjeros que nos odian. Échenlos a todos. Me importa un carajo si les falta un final para recibirse. Que hagan la carrera otra vez en el país donde nacieron”. Posteriormente aclaró que la medida alcanzaría únicamente a quienes no acrediten residencia permanente.

Cómo sería el régimen para los hospitales

El proyecto establece que los extranjeros sin residencia permanente deberán afrontar el costo de las prestaciones médicas que reciban en hospitales provinciales mediante un seguro de salud, un tercero responsable o el mecanismo que determine la reglamentación.

No obstante, la iniciativa garantiza que ninguna persona podrá ser rechazada, demorada ni condicionada cuando se trate de una emergencia que implique riesgo de vida. En esos casos, la atención deberá brindarse de manera inmediata y cualquier instancia de recupero de costos se realizará una vez estabilizado el paciente.

Además, el texto contempla excepciones para las víctimas de trata de personas, así como para todas las campañas de vacunación y los tratamientos destinados a prevenir o controlar enfermedades transmisibles, por razones de salud pública.

La medida alcanzaría a los 77 hospitales provinciales y las 15 Unidades de Pronta Atención (UPA) que dependen del Gobierno bonaerense.

 Universidades

En materia educativa, el proyecto dispone que las universidades provinciales de gestión estatal deberán fijar aranceles para los estudios de grado cursados por estudiantes extranjeros que no cuenten con residencia permanente.

Actualmente, la provincia de Buenos Aires posee dos universidades bajo su órbita: la Universidad Provincial del Sudoeste, con sede en Bahía Blanca, y la Universidad Provincial de Ezeiza.

La iniciativa también podría tener impacto sobre el programa Puentes, impulsado por el Gobierno bonaerense para acercar carreras universitarias a municipios del interior. Sin embargo, el proyecto no especifica cómo se aplicaría el régimen en esas sedes, muchas de las cuales ofrecen carreras pertenecientes a universidades nacionales.

Desde distintos ámbitos universitarios señalaron que, en la práctica, la propuesta podría tener un alcance limitado, ya que para inscribirse en universidades públicas generalmente se exige Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito que suele estar asociado a la obtención de residencia permanente. En ese sentido, algunos especialistas consideran que el criterio previsto en la iniciativa podría resultar redundante.

Transparencia sobre la utilización de los recursos

El proyecto también incorpora obligaciones de información pública. Tanto el Ministerio de Salud bonaerense como las universidades alcanzadas deberán publicar anualmente estadísticas sobre la cantidad de prestaciones médicas brindadas o estudiantes comprendidos por el régimen, los montos facturados y efectivamente cobrados, las exenciones otorgadas, los costos administrativos y el destino de los fondos recaudados, preservando en todos los casos los datos personales.

En los fundamentos de la iniciativa se sostiene que “los recursos de la provincia de Buenos Aires son limitados y deben ser administrados con responsabilidad, priorizando las necesidades de los bonaerenses”.

Los argumentos del oficialismo libertario

Al presentar el proyecto, Romo afirmó que la prioridad debe ser garantizar el acceso de los argentinos a los servicios públicos.

“Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros. Somos el país más generoso del mundo, pero cuando vamos al exterior no recibimos el mismo trato: en ningún lado nos dan salud o educación gratuita, ni siquiera por reciprocidad”, sostuvo.

El diputado también relacionó la iniciativa con las críticas dirigidas al país en redes sociales.

“Muchos de los que vienen a vivir, estudiar y disfrutar de la Argentina nos odian, nos critican y nos tildan de racistas. El contribuyente argentino no tiene por qué seguir pagándole la salud y la educación a extranjeros que nos insultan y no valoran al país. El juego se terminó”, expresó.

En la misma línea, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Juan Osaba, respaldó el proyecto y aseguró que el objetivo es “ordenar y optimizar el uso de los recursos públicos de la provincia de Buenos Aires”.

“Los servicios públicos de salud y las universidades bonaerenses deben priorizar a quienes contribuyen día a día en nuestra provincia”, concluyó el legislador.