El vecino de Trenque Lauquen Miguel Santos Vidal presentó una nueva iniciativa pública en la que profundiza los argumentos desarrollados en nots anteriores, desde otra Carta Abierta titulada “Filosofía del Derecho: Requisito de Idoneidad”, documento en el que expone consideraciones de naturaleza constitucional, institucional y jurídica sobre el funcionamiento del Concejo Deliberante.
La presentación constituye un nuevo capítulo de una serie de planteos que el vecino viene realizando desde hace varios meses con el propósito —según manifiesta— de promover una mayor transparencia en la gestión pública, fortalecer los mecanismos de control político y garantizar el pleno ejercicio de derechos fundamentales como el acceso a la información pública, la libertad de expresión y el derecho de peticionar ante las autoridades.
En esta oportunidad, Vidal sostiene que su actuación no responde a intereses personales ni partidarios, sino al convencimiento de que la participación ciudadana constituye uno de los pilares esenciales del sistema republicano. En ese sentido, afirma que una democracia de calidad requiere ciudadanos comprometidos con el seguimiento permanente de la actividad estatal y con la exigencia de que los funcionarios públicos ajusten su conducta a la Constitución, a las leyes y a los principios éticos que rigen el ejercicio de la función pública.
A lo largo de sus distintas presentaciones, el vecino ha insistido en la necesidad de que las instituciones municipales funcionen con plena publicidad de sus actos, brindando respuestas claras, oportunas y fundadas a las peticiones formuladas por la ciudadanía. Según expresa, la transparencia administrativa no constituye una facultad discrecional de las autoridades, sino un deber inherente al Estado de Derecho y un presupuesto indispensable para preservar la confianza pública.
En ese contexto, el autor vuelve a cuestionar el desempeño institucional del presidente del Concejo Deliberante, Esteban Vidal, al considerar que determinadas decisiones adoptadas durante el ejercicio de sus funciones habrían vulnerado principios constitucionales y legales vinculados con el acceso a la información pública y el tratamiento de las presentaciones realizadas por los vecinos. Tales apreciaciones forman parte de la argumentación desarrollada en la Carta Abierta que acompaña esta nueva presentación.
Asimismo, el convecino solicita al Cuerpo Deliberativo que analice la eventual aplicación del artículo 255 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, entendiendo que correspondería evaluar las responsabilidades institucionales que, a su criterio, podrían derivarse de los hechos denunciados. Del mismo modo, sostiene que los concejales deben considerar el deber jurídico de promover las actuaciones pertinentes cuando, en ejercicio de sus funciones, tomen conocimiento de hechos que eventualmente pudieran configurar delitos de acción pública.
Más allá del contenido jurídico de sus planteos, Vidal destaca que el aspecto central de su accionar consiste en defender la vigencia efectiva de los principios republicanos. Sostiene que el control ciudadano, la publicidad de los actos de gobierno, la rendición de cuentas, la transparencia institucional y el respeto irrestricto por la Constitución representan condiciones indispensables para fortalecer la democracia local y preservar la legitimidad de las instituciones.
En esa línea, reivindica el papel de la ciudadanía como protagonista del control democrático y afirma que la perseverancia en la defensa de los derechos constitucionales constituye una responsabilidad cívica que trasciende los intereses individuales. A su entender, una República sólida no depende exclusivamente del correcto desempeño de sus autoridades, sino también del compromiso de vecinos dispuestos a exigir el cumplimiento de la ley y la observancia de los principios que sustentan el Estado de Derecho.
Finalmente, el vecino considera que la continuidad de sus presentaciones públicas refleja ese compromiso ciudadano y sostiene que continuará promoviendo iniciativas destinadas a fortalecer la transparencia institucional, convencido de que el funcionamiento republicano de las instituciones municipales constituye un patrimonio colectivo cuya preservación compete tanto a los funcionarios públicos como a toda la comunidad.
Carta Abierta Filosofía del Derecho Requisito de Idoneidad
Agencia MTR