La posible modificación del régimen de Zona Fría sumó nuevas expresiones de rechazo en la provincia de Buenos Aires, donde intendentes, organizaciones de consumidores y entidades locales intensifican las acciones para impedir que avance el proyecto que impulsa el Gobierno nacional y que será debatido en el Senado en los próximos días.
La iniciativa promovida por la administración de Javier Milei propone reducir el alcance geográfico del beneficio y retornar al esquema original creado en 2002. De concretarse, quedarían excluidos millones de usuarios incorporados a partir de la ampliación aprobada en 2021, entre ellos más de 1,2 millones de hogares distribuidos en 94 municipios bonaerenses.
Según estimaciones, la eliminación del beneficio podría traducirse en incrementos de entre el 40% y el 100% en las facturas de gas para los usuarios alcanzados por el cambio. La medida también impactaría en provincias como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis.
En territorio bonaerense, la reacción no tardó en llegar. Oficinas Municipales de Información al Consumidor (OMIC), junto a asociaciones como la Liga de Consumidores, Usuarios y Amas de Casa, pusieron en marcha campañas de recolección de firmas en distintas ciudades, entre ellas Mar del Plata, Tandil, Olavarría, Bragado y La Costa. El objetivo es reunir miles de adhesiones y presentarlas ante el Congreso nacional para expresar el rechazo a la iniciativa.
Paralelamente, varios jefes comunales elevaron el tono de las críticas. En Castelli, el intendente Francisco Echarren destacó que el Concejo Deliberante aprobó una declaración de repudio a la eliminación del régimen y cuestionó duramente a los funcionarios nacionales. Desde Coronel Suárez, Ricardo Moccero calificó la propuesta como “una locura”, mientras que el Foro de Intendentes Radicales anunció su participación en el denominado “frazadazo” que se realizará frente al Congreso durante el tratamiento del proyecto.
En Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles fue un paso más allá y anticipó que el municipio podría recurrir a la Justicia si prospera la eliminación del beneficio. “No nos vamos a resignar”, sostuvo, al tiempo que adelantó que solicitará el acompañamiento del Concejo Deliberante para avanzar por la vía judicial en defensa de los usuarios locales.
El Gobierno nacional argumenta que la modificación permitiría reducir el gasto destinado a sostener el régimen. Aunque el esquema actual se financia mediante un recargo del 7,5% sobre el precio del gas que pagan los usuarios de todo el país, fuentes oficiales sostienen que los recursos recaudados resultaron insuficientes para cubrir los subsidios durante 2025. Según los cálculos oficiales, el ahorro proyectado rondaría los 200.000 millones de pesos.
Mientras continúa el debate político, la incertidumbre crece en los municipios bonaerenses alcanzados por la medida, donde sectores políticos, sociales y de consumidores buscan coordinar estrategias para evitar la pérdida de un beneficio considerado clave para miles de familias de la provincia.
Agencia MTR