La utilización de radares para controlar la velocidad en las rutas argentinas vuelve a estar en el centro de la escena. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) confirmó que durante un amplio operativo de fiscalización realizado en todo el país detectó 152 radares fijos que funcionaban sin autorización nacional para labrar infracciones en rutas nacionales, una situación que reabre el debate sobre la legalidad de miles de fotomultas emitidas en los últimos años.
La medida forma parte de un proceso de ordenamiento y regularización impulsado por el organismo nacional, que busca garantizar que los controles de velocidad cumplan con los requisitos técnicos y legales establecidos, y que tengan como objetivo principal la prevención de siniestros viales y no la recaudación.
Una realidad constante: multas generadas por cámaras irregulares
Las fotomultas provenientes de radares cuestionados o instalados sin la correspondiente habilitación constituyen una problemática recurrente para conductores de distintas provincias. En muchos casos, los automovilistas reciben infracciones sin contar con información clara sobre la homologación del equipo, su calibración o la autorización vigente para operar.
El relevamiento realizado por la ANSV confirmó que esta situación no se trata de casos aislados. Durante las inspecciones se constató la presencia de más de 150 dispositivos que no estaban autorizados por el organismo nacional para fiscalizar en rutas nacionales, pese a encontrarse operativos.
Ante estas irregularidades, la Agencia exigió el cese inmediato de utilización de esos equipos y el retiro de los dispositivos instalados sin habilitación correspondiente.
La decisión busca poner fin a prácticas que durante años generaron controversias judiciales, reclamos administrativos y cuestionamientos de asociaciones de usuarios y conductores, que denunciaban la utilización de radares con fines meramente recaudatorios.
Más de 40.000 kilómetros bajo fiscalización
Durante 2026, agentes de fiscalización y especialistas en metrología vial de la ANSV recorrieron más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales para verificar la situación de los cinemómetros autorizados.
Al inicio del operativo existían 526 radares habilitados para controlar velocidad e infraccionar:
- 363 equipos fijos.
- 163 equipos móviles.
Del total de radares fijos autorizados, solo 239 fueron encontrados funcionando en los lugares para los cuales habían sido habilitados originalmente.
En tanto, otros 124 equipos no fueron hallados en las ubicaciones autorizadas al momento de las inspecciones, por lo que la ANSV inició intimaciones a las jurisdicciones correspondientes para determinar si continúan operativos o si corresponde revocar sus permisos.
Además, el organismo comenzó a dar de baja autorizaciones y exigirá la regularización de aquellos equipos que presenten verificaciones técnicas vencidas.
El respaldo legal de la ANSV
La intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial se encuentra respaldada por la Ley Nacional 26.363 y el Decreto Reglamentario 1716/2008, que establecen que ningún radar puede operar legalmente sobre una ruta nacional sin autorización previa del organismo.
La normativa le otorga a la ANSV la facultad exclusiva de autorizar, fiscalizar y controlar los sistemas automáticos de constatación de infracciones para garantizar transparencia, legalidad y precisión técnica.
En este contexto, un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la competencia de la Agencia como autoridad nacional en materia de radares ubicados en rutas nacionales, en una controversia planteada por el municipio rionegrino de Darwin.
Qué debe contener una fotomulta válida
La ANSV recordó que toda infracción por exceso de velocidad debe cumplir una serie de requisitos para tener validez legal.
Entre los datos obligatorios figuran:
- Marca, modelo y número de serie del radar utilizado.
- Certificados de homologación y calibración vigentes.
- Fecha, hora y ubicación exacta de la infracción.
- Velocidad máxima permitida y velocidad registrada.
- Imagen clara de la patente del vehículo.
- Identificación del operador habilitado.
- Autoridad emisora del acta.
- Juzgado competente para ejercer el derecho de defensa.
Asimismo, el control debe encontrarse debidamente señalizado y la notificación debe realizarse dentro de los plazos establecidos por la legislación vigente.
Seguridad vial y transparencia
Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial sostienen que el objetivo de este proceso no es eliminar los controles de velocidad, sino fortalecerlos y garantizar que funcionen bajo criterios técnicos, transparentes y orientados a salvar vidas.
El ordenamiento de los radares en rutas nacionales busca poner fin a las irregularidades detectadas y recuperar la confianza de los conductores en un sistema que debe tener como prioridad la prevención de siniestros viales y no la generación de multas cuestionadas.
Esta versión está pensada con formato de diario digital o portal de noticias, incorporando un enfoque más periodístico y destacando desde el título y la bajada el tema de las multas provenientes de cámaras ilegales.
Agencia MTR