
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su Bloque Patagónico, expresó su preocupación por las modificaciones propuestas al Régimen de Zona Fría y respaldó el planteo realizado por entidades empresarias y productivas de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Según advirtieron, los cambios impactarán de manera directa en la economía de los hogares, la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y el desarrollo económico regional.
Desde la entidad remarcaron que la Patagonia presenta condiciones climáticas, geográficas y demográficas particulares que convierten al gas y a la energía en servicios esenciales durante gran parte del año. En buena parte del territorio patagónico, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, lo que imposibilita reducir significativamente el consumo energético tanto en viviendas como en comercios e industrias.
En ese contexto, señalaron que las modificaciones impulsadas alteran el sentido histórico del régimen compensatorio, creado para equilibrar las asimetrías estructurales que enfrenta la región. En particular, cuestionaron que el beneficio quede limitado únicamente al valor del gas en boca de pozo, ya que eso trasladaría a los usuarios costos crecientes vinculados al transporte, la distribución y la carga impositiva.
De acuerdo con las estimaciones realizadas por distintos organismos especializados, la reforma podría derivar en aumentos significativos en las facturas residenciales y comerciales, superando la capacidad de pago de miles de familias patagónicas. Además, advirtieron que la medida tendría consecuencias inmediatas sobre el consumo interno, la actividad económica y el sostenimiento del empleo.
“El costo energético en el sur argentino no puede analizarse con los mismos parámetros que en otras regiones del país”, sostuvieron desde el Bloque Patagónico de CAME, al tiempo que aclararon que la región “no reclama privilegios, sino el reconocimiento de condiciones objetivas que históricamente justificaron políticas diferenciales”.
Las entidades empresarias también alertaron sobre el impacto que tendría la suba tarifaria en las pequeñas y medianas empresas, que actualmente atraviesan un escenario complejo marcado por la caída de ventas, el incremento de costos operativos y dificultades financieras. En ese sentido, indicaron que una mayor presión sobre las tarifas energéticas profundizaría la desaceleración económica y afectaría la capacidad de sostener puestos de trabajo.
El pronunciamiento lleva la firma de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de La Pampa (CACIP), la Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), la Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN), la Federación de Empresas y Entidades de Bariloche y Zona Andina (FEEBA), la Federación Empresaria del Chubut (FECh), la Federación Económica de Santa Cruz (FESC) y la Cámara de Comercio y Otras Actividades Empresarias de Ushuaia, todas integrantes del Bloque Patagónico de CAME.
Finalmente, las entidades consideraron “imprescindible” abrir una instancia de diálogo institucional y federal que permita evaluar integralmente las consecuencias económicas y sociales de la reforma antes de su implementación definitiva. “Defender el Régimen de Zona Fría es defender la calidad de vida de millones de argentinos que habitan y producen en la región patagónica”, concluyeron.


