
Miles de personas participaron este martes de la Marcha Federal de Salud en la Ciudad Autònoma de Buenos Aires y en distintas ciudades del país para exigir el cese del ajuste impulsado por el Gobierno nacional sobre el sistema sanitario. La movilización reunió a trabajadores de la salud, organizaciones sociales, asociaciones de pacientes, sindicatos, universidades, autoridades provinciales y municipales y ciudadanos autoconvocados bajo la consigna “La salud no puede esperar”.
La protesta central comenzó frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminó en Plaza de Mayo, donde se leyó un documento consensuado por las organizaciones convocantes. Durante la jornada se expresaron fuertes críticas al desfinanciamiento de políticas públicas sanitarias y a las consecuencias que estas medidas ya generan en hospitales, centros de atención y programas de prevención en todo el país.
Según denunciaron el Foro por el Derecho a la Salud y los gremios participantes, el ajuste en el área sanitaria alcanza unos 63.000 millones de pesos. Entre las organizaciones que adhirieron estuvieron la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) y más de 140 agrupaciones sindicales y sociales.
Los manifestantes advirtieron que el recorte tiene efectos directos sobre millones de personas. Entre los principales reclamos señalaron que más de 742 mil ciudadanos perdieron cobertura médica, mientras que el Programa Remediar redujo la entrega gratuita de medicamentos de 79 a solo 3, afectando el acceso a tratamientos esenciales para más de 20 millones de personas.
También denunciaron un recorte del 40% en el presupuesto del PAMI y deudas superiores a los 500 mil millones de pesos con prestadores, situación que —aseguran— impacta especialmente en jubilados y jubiladas que enfrentan dificultades para conseguir turnos, atención y medicamentos.
Durante la movilización se cuestionó además el desmantelamiento de políticas sanitarias consideradas estratégicas. Entre ellas, la eliminación del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), el desfinanciamiento del Calendario Nacional de Vacunación y el debilitamiento de organismos especializados como el Instituto Nacional del Cáncer y el Instituto de Medicina Tropical.
Las organizaciones advirtieron que la caída en las campañas de inmunización ya derivó en un aumento de enfermedades prevenibles, como sarampión, coqueluche, hepatitis A y meningitis. Además, rechazaron la pérdida de autonomía de hospitales nacionales y reclamaron una política sanitaria “federal, pública y accesible”.
La convocatoria contó con el respaldo del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y del ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, quienes manifestaron su preocupación por la situación del sistema sanitario.
Mientras la protesta avanzaba hacia Plaza de Mayo, los organizadores insistieron en que la movilización buscó visibilizar una crisis que, sostienen, afecta tanto a trabajadores del sector como a millones de usuarios del sistema público de salud en todo el país.


