El abogado Fernando Villaverde, representante de cooperativas eléctricas en distintos litigios contra el Estado Nacional y CAMMESA, brindó una extensa entrevista en el programa Despertate de Cadena Nueve, Máxima 89.9 y Visión Plus TV, donde expuso el cuadro judicial que atraviesan varias distribuidoras del país, entre ellas la Cooperativa Eléctrica y de Servicios Mariano Moreno (CEyS) de Nueve de Julio.
Durante la charla, Villaverde sostuvo que desde la crisis económica de 2001 el sistema energético argentino funcionó bajo un esquema que impidió a las cooperativas recuperar costos operativos mediante las tarifas, obligándolas —según dijo— a continuar prestando el servicio público en condiciones deficitarias.
“El contrato de servicio público exige continuidad y prestación permanente, pero el Estado no respetó el equilibrio económico que debía garantizar la cobertura de costos. Las cooperativas sostuvieron el sistema absorbiendo pérdidas”, afirmó.
El letrado explicó que las demandas judiciales iniciadas por distintas cooperativas no se centran únicamente en reclamos administrativos, sino en el reconocimiento económico de los perjuicios acumulados durante más de veinte años de congelamiento y distorsión tarifaria.
“Las cooperativas terminaron financiando el sistema”
Villaverde remarcó que el conflicto judicial tiene como eje el reconocimiento de compensaciones económicas por parte del Estado Nacional.
En ese sentido, afirmó que las distribuidoras eléctricas “terminaron financiando indirectamente el sistema energético” mientras continuaban garantizando el servicio a usuarios residenciales, comerciales e industriales.
“El Estado reconoció parcialmente esta situación en proyectos legislativos recientes. Incluso hoy se está discutiendo una ley de compensación que toma como referencia fallos favorables obtenidos por cooperativas”, señaló.
Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista fue cuando aseguró que los montos reclamados por CAMMESA a algunas cooperativas resultan muy inferiores al daño económico sufrido por las distribuidoras.
“En el caso de Nueve de Julio, sostenemos que el crédito que la cooperativa tiene contra el Estado es hasta 15 veces superior al total de los pagos reclamados”, afirmó.
Embargos, juicios ejecutivos y compensaciones
Villaverde explicó además que los juicios impulsados por CAMMESA corresponden a expedientes ejecutivos, es decir, procesos abreviados orientados al cobro inmediato, aunque aclaró que eso no define la cuestión de fondo.
Según indicó, algunas cooperativas sufrieron embargos previos a las sentencias favorables obtenidas posteriormente.
“La Cooperativa de Nueve de Julio tuvo un embargo que finalmente pagó, pero entendemos que fue un cobro indebido porque existe un crédito mucho mayor a favor de la distribuidora”, sostuvo.
El abogado aseguró que la discusión central pasa ahora por el mecanismo de compensación entre lo reclamado por CAMMESA y lo que las cooperativas consideran que el Estado les adeuda por el atraso tarifario acumulado.
Ademàs, el profesional resaltò que el criterio impulsado por la CEyS de la mano de su presidente Matìas Losinno es la que adoptò el Congreso de la Naciòn susrgido de un mensaje del propio presidente Milei, lo que desconocido por los presentantes de LLA en el distrito.
Críticas a sectores políticos y denuncias penales
En otro tramo de la entrevista, Villaverde cuestionó duramente las denuncias penales promovidas por concejales y dirigentes políticos de Nueve de Julio vinculadas a la administración de la CEyS.
Según expresó, esas presentaciones carecen de fundamentos jurídicos y solo generan desgaste institucional.
“No describen hechos concretos. Son denuncias vacías que hacen perder tiempo a fiscales y jueces”, afirmó.
También defendió la actuación del presidente del Consejo de Administración de la cooperativa, Matías Losinno, y sostuvo que las decisiones adoptadas buscaron preservar el patrimonio de la entidad frente al contexto económico.
“Si no se defendían los intereses de la cooperativa, ahí sí podría hablarse de administración fraudulenta”, señaló.
Debate sobre justicia, redes sociales y responsabilidad pública
Villaverde aprovechó además para plantear una mirada crítica sobre el uso político de las denuncias judiciales y el impacto de las redes sociales en la construcción de información pública.
Consideró que existe una creciente utilización de acusaciones sin pruebas como herramienta de confrontación política y mediática.
“La libertad de expresión no puede convertirse en una licencia para destruir el honor ajeno. Quien acusa falsamente debe responder”, sostuvo.
Finalmente, reclamó mayores sanciones para las falsas denuncias y pidió fortalecer tanto el sistema judicial como los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para evitar el colapso de los tribunales.
Agencia MTR