La Clínica Independencia vivirá este miércoles una Asamblea decisiva para el futuro institucional de la sociedad que administra el centro médico. Formalmente, el encuentro tendrá como eje el tratamiento del balance económico, los gastos y el resultado del último ejercicio, aunque puertas adentro el principal foco de atención estará puesto en la continuidad o no del actual presidente, el cirujano Alejandro Buffoni.
El interés que despierta la Asamblea excede lo estrictamente contable. Entre algunos profesionales y sectores vinculados a la institución crece, aunque en voz baja, la postura de que Buffoni no debería continuar al frente de la sociedad por el desgaste de su imagen ética ante la comunidad, tras el proceso penal que derivó años atrás en su alejamiento del Hospital Público Julio de Vedia.
El caso que marcó ese quiebre ocurrió en noviembre de 2021, cuando una menor de Facundo Quiroga sufrió graves consecuencias en su salud luego de una intervención quirúrgica. Dos años después, Buffoni fue exonerado del hospital público, situación que aún mantiene repercusión social y profesional en la región.
En ese contexto, la discusión dentro de la Clínica Independencia no se limita a los números. También aparece un debate más profundo sobre el rol social de una institución médica y el impacto que tiene su conducción en la confianza de la comunidad.
Las críticas hacia el centro asistencial se multiplicaron en los últimos tiempos. Pacientes y vecinos cuestionan desde la calidad de la atención hasta determinadas políticas internas que, según expresan, colocan en primer plano el aspecto económico por encima de la salud y el trato humano.
“Lo primero es lo económico, incluso en situaciones de urgencia”, sostienen algunos reclamos que circulan en distintos ámbitos sociales. Las observaciones apuntan a que el interés monetario habría desplazado el eje central de cualquier institución sanitaria: la atención integral de las personas.
Además, ha recibido sanciones monetarias por parte de PAMI por su comportamiento en el tratamiento a los afiliados de esa institución que atiende a las perosnas ya jubiladas y pensionadas.
El debate adquiere además una dimensión sensible porque la salud es un derecho protegido por la Constitución Nacional, razón por la cual toda decisión institucional dentro de un centro médico privado tiene inevitable repercusión pública.
Por eso, más allá del resultado económico que arroje el ejercicio, la expectativa estará concentrada en la definición política y ética que adopte la Asamblea respecto de la continuidad de Buffoni al frente de la sociedad médica. La resolución será observada con atención tanto dentro del ámbito sanitario como por buena parte de la comunidad.
Agencia MTR