
El Vicepresidente Primero de la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires, Mario Ishii, presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo el territorio bonaerense por 18 meses.
La propuesta tiene como objetivo garantizar el acceso a una alimentación suficiente, adecuada y nutritiva para las personas en situación de vulnerabilidad social.
La iniciativa surge como respuesta al deterioro del poder adquisitivo y al aumento de la demanda en comedores escolares, comunitarios y merenderos, donde se concentra el impacto más crítico de la crisis social.
El proyecto establece un esquema de intervención inmediata del Estado provincial para sostener y ampliar la cobertura alimentaria en los sectores más afectados.
El texto del proyecto instruye al Poder Ejecutivo a incrementar de manera inmediata y progresiva las partidas presupuestarias destinadas a comedores escolares, Servicios Alimentarios Escolares (SAE), comedores comunitarios y programas de asistencia alimentaria directa.
La medida busca reforzar la red de contención existente y evitar desabastecimiento o deterioro en la calidad nutricional de los alimentos ofrecidos.
Además, la iniciativa incorpora un mecanismo de actualización automática bimestral de los montos asignados a los programas alimentarios, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
De esta manera, se garantiza la previsibilidad y se sostiene el valor real de las prestaciones frente a la inflación, evitando desfasajes entre el presupuesto y el costo efectivo de los alimentos.
El proyecto también prevé que la autoridad de aplicación sea designada por el Poder Ejecutivo, con facultades para coordinar acciones con municipios y organizaciones territoriales, optimizando la distribución de recursos y la llegada efectiva a los beneficiarios.
En declaraciones públicas, Ishii sostuvo que “resulta indispensable que el Estado provincial reasigne sus recursos con criterios de estricta prioridad social” y que “debe prevalecer por sobre la ejecución de obras o erogaciones que no resultan esenciales o urgentes para la vida cotidiana de la población”.
Desde su entorno se destacó que la propuesta “pone en el centro una de las urgencias más sensibles de la provincia” y que “no se trata sólo de asistir, sino de garantizar un piso básico de dignidad en un contexto económico complejo”.
La declaración de emergencia alimentaria constituye una herramienta clave para agilizar decisiones administrativas, reforzar partidas y priorizar recursos según la urgencia social, en un escenario donde los indicadores de vulnerabilidad muestran una presión creciente sobre los dispositivos de asistencia.
Con este proyecto, Ishii busca instalar en la agenda legislativa una respuesta concreta y de rápida implementación, orientada a sostener el tejido social en uno de los momentos más delicados para amplios sectores de la población bonaerense.


