En el inicio del ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires vuelven a emerger tensiones que exceden a la escuela: uso del celular en el aula, apuestas online entre adolescentes y un sistema de controles adultos que llega tarde. Mientras el mercado digital avanza y el Estado regula de manera fragmentada, las escuelas quedan solas frente a conflictos que no originaron.
El comienzo de clases en la provincia de Buenos Aires vuelve a funcionar como una radiografía social. Aulas llenas, agendas pedagógicas en marcha y, en paralelo, una acumulación de conflictos que reaparecen con fuerza. Este año, el eje no está puesto únicamente en los aprendizajes ni en la recuperación de trayectorias, sino en un conjunto de problemas que atraviesan la vida escolar cotidiana: el uso del celular en el aula, el crecimiento de las apuestas online entre adolescentes y la dificultad creciente para sostener límites claros.
No es un debate nuevo, pero sí más crudo. Porque ya no se trata solo de distracciones o de discusiones normativas. Se trata de estudiantes bonaerenses apostando dinero desde sus teléfonos durante el horario escolar, de equipos directivos desbordados y de una pregunta de fondo que incomoda: ¿quién se hace cargo de regular el mundo digital en el que crecen nuestros chicos?
La reciente decisión de restringir el uso del celular en el nivel primario, que comenzará a regir este ciclo lectivo, vuelve a reactivar un debate que nunca terminó de saldarse. Sin embargo, la discusión excede la norma: lo que está en juego no es solo el dispositivo, sino el ecosistema digital en el que crecen niños y adolescentes.
Escuelas bonaerenses en tensión permanente
En distritos del conurbano, del interior provincial y de los cordones semiurbanos, la escena se repite con matices similares. Docentes que intentan sostener la clase mientras compiten con notificaciones constantes. Directivos que reciben reclamos de familias por el uso del celular, pero también cuestionamientos cuando el dispositivo es retirado. Equipos de orientación escolar convocados para intervenir en situaciones que exceden ampliamente lo pedagógico.
La provincia de Buenos Aires concentra el sistema educativo más grande del país. Esa magnitud vuelve más visible – y más complejos – los conflictos. No hay una única realidad escolar, pero sí un denominador común: la escuela quedó expuesta como espacio de contención de problemas sociales que se gestan afuera.
Del celular pedagógico al celular sin límites
Durante la pandemia, el celular fue una herramienta clave para sostener el vínculo pedagógico. En muchos hogares bonaerenses fue el único dispositivo disponible. Esa experiencia dejó huellas. Superada la emergencia sanitaria, el teléfono no volvió a “su lugar anterior”: se integró definitivamente a la vida escolar, pero sin un marco común claro.
Hoy, cada escuela ensaya su propia respuesta. Algunas avanzan en acuerdos institucionales, otras optan por restricciones más duras, otras directamente evitan el conflicto. El problema no es la diversidad de estrategias, sino la falta de una política sostenida que respalde a las instituciones.
En la práctica, el celular en el aula se volvió una zona gris. Puede ser recurso pedagógico o distractor permanente. Puede facilitar aprendizajes o erosionar la autoridad docente. Y en esa ambigüedad, la escuela bonaerense queda sola, negociando caso por caso lo que debería resolverse con criterios más amplios.
Apuestas online: cuando el conflicto escala
En el último tiempo, equipos directivos y docentes de distintos puntos de la provincia comenzaron a detectar una situación alarmante: estudiantes que utilizan billeteras virtuales para apostar en plataformas online, incluso durante el horario escolar. No es un fenómeno masivo, pero sí lo suficientemente extendido como para encender alertas.
La novedad no es solo el juego, sino la naturalización del acceso a herramientas financieras digitales en edades cada vez más tempranas. Plataformas de apuestas, promociones encubiertas y circuitos de pago conviven en los celulares de chicos que aún están construyendo nociones básicas sobre el dinero, el riesgo y la responsabilidad.
Aquí, el debate deja de ser exclusivamente escolar y se vuelve estructural. La provincia puede regular la escuela, pero no controla el mercado digital. Y en ese desfasaje, las consecuencias impactan directamente en las aulas.
La escuela como última trinchera
Cada vez que estos temas emergen, la respuesta suele ser la misma: mirar a la escuela. Se espera que prevenga, detecte, sancione y eduque. Se le exige que ponga límites que la sociedad no sostiene. Se la interpela por los efectos, pero rara vez por las causas.
En la provincia de Buenos Aires, donde las desigualdades sociales se expresan con fuerza, esta lógica se vuelve aún más injusta. Las escuelas no solo enseñan: contienen, acompañan y amortiguan conflictos que tienen raíces profundas. Pretender que, además, regulen solas el impacto de un ecosistema digital descontrolado es una carga excesiva.
Durante el último año, distintos episodios de violencia escolar reactivaron debates sobre convivencia, normas y autoridad. Pero muchas de esas discusiones quedaron atrapadas en respuestas parciales, sin una mirada integral que incluya al mercado, a las familias y al Estado.
Adultos desdibujados, responsabilidades diluidas
Detrás del uso excesivo del celular y del avance de las apuestas online hay un problema más profundo: la crisis del rol adulto. La dificultad para poner límites, para sostener acuerdos, para asumir que educar también implica incomodar.
En muchos hogares, el celular funciona como regulador emocional, como forma de evitar conflictos. En paralelo, el Estado interviene de manera fragmentada, mientras las plataformas digitales se expanden con una lógica de mercado eficaz y agresiva.
La escuela bonaerense queda en el medio. Con discursos que la señalan como responsable y con herramientas insuficientes para intervenir en un problema que la excede.
Regular con decisión política
Regular el uso del celular en la escuela es necesario. Pero no alcanza con normativas aisladas ni con disposiciones que no dialogan con la realidad cotidiana. Hace falta una política educativa que acompañe a las instituciones, que forme a los docentes y que involucre a las familias.
Y, sobre todo, hace falta una decisión política más amplia: poner límites claros al mercado digital cuando ese mercado afecta a niños y adolescentes. Sin ese respaldo, cualquier regulación escolar será frágil.
Una discusión que recién empieza
El inicio de clases en la provincia vuelve a dejar en evidencia una verdad incómoda: muchos de los conflictos que hoy se expresan en las aulas no nacen allí. Son el resultado de decisiones —y omisiones— que se toman en otros ámbitos, lejos de la escuela, pero cuyos efectos terminan concentrándose en ella.
Celulares sin regulación clara, apuestas online al alcance de menores y adultos con dificultades para sostener límites forman parte de un mismo escenario. Un escenario donde el mercado digital avanza con rapidez, el Estado interviene de manera fragmentada y la escuela queda, una vez más, como espacio de contención de problemas que no generó.
Tal vez el desafío no sea seguir preguntándonos qué más puede hacer la escuela bonaerense, sino animarnos a discutir qué estamos dispuestos a regular como sociedad. Porque mientras esa conversación se postergue, los conflictos seguirán entrando al aula. Y la escuela continuará ocupando el lugar de última trinchera, intentando ordenar lo que afuera permanece desordenado.
*Consultor en gestión educativa y estrategia pedagógica- Especialista en organización y planificación institucional – Director de FB Educación & Gestión -Instagram: fb.educacion.gestion
Agencia MTR