El 8 de junio de 1987 se convirtió en una fecha histórica para la legislación argentina: el Congreso de la Nación aprobó la Ley de Divorcio Vincular, permitiendo por primera vez en forma definitiva que los cónyuges pudieran disolver su matrimonio y volver a casarse, sin necesidad de justificar causas específicas. Hasta entonces, el marco legal solo contemplaba la separación de hecho o judicial, pero no la disolución del vínculo matrimonial.
Este cambio no fue repentino. La lucha por el divorcio vincular en Argentina comenzó casi un siglo antes, con proyectos de ley presentados en 1888 y 1902 que no prosperaron. En 1954, durante el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, se aprobó por primera vez una ley que habilitaba el divorcio vincular. Sin embargo, tras el golpe de Estado de 1955, esa ley fue derogada por la dictadura militar, reinstalando una concepción tradicional y religiosa del matrimonio.
Durante la transición democrática de los años 80, el debate volvió al centro de la escena política. Diversos proyectos fueron presentados en el Congreso, reabriendo una discusión intensa tanto en el ámbito legislativo como en la sociedad. El proceso de aprobación fue arduo, con una fuerte resistencia de sectores conservadores y religiosos. La Iglesia Católica encabezó la oposición, con advertencias sobre supuestos efectos negativos que el divorcio tendría sobre la familia y la moral social. Incluso se llegó a amenazar con la excomunión a los legisladores que apoyaran la ley.
Frente a estos sectores, se alzaron las voces de movimientos feministas, organizaciones de derechos humanos y referentes progresistas que entendían el divorcio como una cuestión de libertad y equidad. Para ellos, la ley significaba la posibilidad de poner fin a un vínculo no deseado, especialmente en contextos de violencia o sometimiento, y constituía un paso fundamental hacia la igualdad de género y la autonomía personal.
La aprobación de la ley fue también un avance en la consolidación del Estado laico. Aunque la Iglesia Católica continuó teniendo influencia en la vida política y social argentina, la sanción de esta ley estableció un precedente importante en la separación entre la religión y el derecho civil.
Desde entonces, el divorcio vincular forma parte del derecho de familia en Argentina y ha sido clave para el desarrollo de nuevas legislaciones vinculadas a los derechos individuales, como el matrimonio igualitario y la ley de identidad de género. La conquista de 1987 no solo transformó el concepto de matrimonio, sino que abrió las puertas a una sociedad más justa, plural y democrática.
Agencia MTR