Un reciente fallo del Juzgado de Garantías del Joven n° 1 de Mercedes ha ordenado a Aguas Bonaerenses SA (ABSA) la entrega de bidones de agua potable a la comunidad de French, tras comprobarse niveles alarmantes de arsénico y residuos de agrotóxicos, como el glifosato, en el agua de red. La decisión, emitida en el marco del caso “Jacob, Joelle María Flora y otros c/ Aguas Bonaerenses SA y otros s/ Amparo”, busca proteger el derecho a la salud y un ambiente sano, considerando la grave crisis hídrica que enfrenta la localidad.
French, localidad del distrito de Nueve de Julio, de aproximadamente 700 habitantes, ha estado luchando durante más de una década por un acceso seguro al agua potable. Desde 2011, los vecinos se movilizaron contra la alta concentración de arsénico, un problema que se agravó con el tiempo y fue conocido como la “Causa Kersich”. Fue cuando Nueve de Julio se movilizó para que no haya arsénico en agua y ABSA hizo las obras que permiten, agua de red sana.
La situación se complica aún más por la presencia de agrotóxicos en el agua subterránea. Un estudio local identificó la contaminación por cinco principios activos, incluyendo Imidacloprid y Atrazina, lo que representa un grave riesgo para la salud de los residentes. Los habitantes han reportado un aumento en enfermedades crónicas, lo que ha llevado a la comunidad a participar en investigaciones sobre la exposición a estos productos químicos. Los análisis se hicieron en la Universidad Nacional de Luján y el Hospital Italiano de Buenos Aires.
El juez Marcelo Giacoia fundó su fallo en la necesidad urgente de garantizar el acceso al agua potable y la salud pública. La sentencia incluye la obligación de ABSA de reparar y poner en funcionamiento la planta potabilizadora de French, que se encuentra inoperativa, y la obligación de informar a la comunidad sobre los niveles de contaminación en el agua. Además, se establecen nuevas regulaciones sobre el uso de agrotóxicos: las fumigaciones deben realizarse a más de 1,000 metros de la localidad, ampliando significativamente la distancia estipulada recientemente por ordenanza 7219, en 200 metros.
Los testimonios de los residentes reflejan la desesperación y el miedo por la calidad del agua. Una vecina expresó: “El agua no está en condiciones para tomar”. Muchos esperan que ABSA cumpla con su responsabilidad de proporcionar agua potable mientras se busca una solución a largo plazo.
A pesar de este avance judicial, la comunidad de French continúa exigiendo soluciones permanentes. La inacción histórica de las autoridades frente a la contaminación y el impacto del agronegocio en la salud pública subrayan la necesidad de un enfoque más integral y basado en evidencia para proteger el bienestar de los ciudadanos.
La resolución se produce en un contexto de creciente movilización social y respaldo de organizaciones como Naturaleza de Derechos y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes apoyan a la comunidad en su lucha por un acceso seguro al agua y un ambiente libre de contaminación.
Este fallo representa no solo un paso adelante para French, sino un llamado a la acción para abordar las injusticias ambientales que afectan a muchas otras comunidades en la provincia de Buenos Aires.
Agencia MTR