A menos de tres meses del vencimiento de la concesión de Terminal Quequén, el ambiente en la región se ha llenado de incertidumbre tras la reciente propuesta del gobierno provincial para una “licitación express”. La concesión, que cumplirá 30 años originales en noviembre y tres años adicionales por prórroga, está en el centro de una disputa que involucra a las autoridades locales y al sector agroindustrial.
Jimena López, presidenta en ejercicio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, ha revelado que el gobernador Axel Kicillof busca imponer una serie de medidas que han encendido las alarmas entre los productores y las entidades rurales. Según López, Kicillof ha solicitado una reserva del 30% de los granos en acopio, y ha propuesto que la provincia interceda en la compra de esos granos a través de la creación de una nueva empresa provincial con fines de comercialización.
La noticia ha suscitado una reacción vehemente entre los sectores involucrados, que temen una repetición de las políticas de la “Junta Provincial de Granos” que en el pasado generaron numerosos perjuicios para la industria. Los productores y entidades rurales de la región expresaron su preocupación por lo que consideran una intromisión indebida en el libre mercado, y temen que esto altere negativamente la cadena de producción.
En respuesta a la creciente inquietud, la diputada provincial Silvina Vaccarezza presentó un proyecto de Declaración que destaca la “preocupación por el vencimiento de la prórroga de la concesión de Terminal Quequén y la incierta situación para el sector”. Vaccarezza manifestó su “rechazo ante la intención del gobierno provincial de interferir en la comercialización de granos”, y subrayó que la falta de definiciones claras sobre el futuro del puerto genera “inseguridad jurídica” y podría llevar a “prácticas que distorsionan y alteran la cadena productiva”.
La legisladora también recordó que el sector ya había enfrentado un desafío reciente con el fallo judicial que autorizó el cobro de una tasa portuaria en Quequén. Esta tasa, según Vaccarezza, ha sido impuesta con “fines recaudatorios” y está provocando una pérdida de competitividad en el mercado nacional, afectando negativamente a los productores locales.
La propuesta del gobierno provincial y las acciones legislativas en curso han encendido un debate intenso sobre el futuro de la comercialización de granos en la región, un tema crucial para la economía local y provincial. Mientras se acerca la fecha límite para la concesión, todos los ojos están puestos en cómo se desarrollarán los acontecimientos y qué impacto tendrán estas decisiones en el sector agroindustrial.