En la audiencia judicial que ayer se desarrolló en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº1 para tratar el aumento del 180 por ciento en las tarifas de los servicios sanitarios de Absa, se abordaron el derecho de información de los usuarios, los problemas del servicio y la necesidad de modificar los valores de la prestación, pero no se llegó a ningún acuerdo de fondo. Sin embargo, el juez Luis Arias, a cargo de la causa, calificó el encuentro como positivo: “se plantearon errores, se debatieron cuestiones de servicio y comenzó un diálogo”, dijo.
El magistrado reiteró que en los próximos días se definirá la sentencia. “Si resultara contraria a Absa y el Ejecutivo quisiera seguir adelante con el aumento, se debería llamar a una audiencia pública”, sostuvo Arias.
La Defensora Ciudadana platense, María Monserrat Lapalma, que junto a la usuaria María Virginia Pérez y el legislador provincial Oscar Negrelli habían solicitado la medida cautelar “protegiendo“ a los usuarios, se quejó por la política de Absa de “desconocer las inquietudes planteadas por el Municipio”. En ese sentido añadió que “no aceptan rever las los valores de las tarifas, pero nosotros seguimos pidiendo que se suspenda el aumento y se realicen audiencias para abordar el tema tarifario”.
No obstante, Lapalma reconoció que se intercambiaron muchas ideas y anticipó que se gestionará la realización de audiencias informativas para que Absa explique cuáles fueron los criterios empleados para el cambio del cuadro tarifario y se revisen los criterios utilizados para el reajuste.
“En Absa hablan de gastos operativos, no aceptan rever las tarifas, no toman en cuenta al usuario y por eso vamos a insistir para frenar el aumento hasta que se realicen las audiencias”, dijo la Defensora Ciudadana.
Más conciliador, Carlos Bonicatto, Defensor del Pueblo de la Provincia, propuso a las partes que intenten acercarse y que las próximas reuniones se realicen en el ámbito de su despacho.
En tanto, el diputado Negrelli sostuvo que la empresa, por ser una sociedad anónima, “no puede tomarse la atribución de fijar el valor de la factura de manera arbitraria” e indicó a la vez que la compañía “debe cumplir con las leyes provinciales que establecen la obligación de participar en audiencia pública para debatir todas las cuestiones de fondo como la autorización de aumentos”.
Le pedimos que acepten debatir en audiencia publica y revisar los aumentos que han hecho hasta la fecha. Algo que la empresa manifestó no estar de acuerdo. Además les propusimos dejar por escrito el compromiso de darle un tratamiento diferente al cuadro tarifario a sectores con grandes problemas socioeconómicos y no lo quisieron aceptar”, señaló el diputado que ahora espera el pronunciamiento de la Justicia.
La Justicia será ahora quien defina si Absa puede aumentar o no las tarifas de los servicios sanitarios en un 180 por ciento, luego de analizar los fundamentos ofrecidos por las partes del litigio en la reunión de ayer.
El juez informó que la parte actora desistió de presentar pruebas informativas y testimoniales en relación a cómo se presta el servicio y que se buscó la conciliación. Se abordó el derecho de información de los usuarios, los problemas que se registran en el servicio y la necesidad de modificar las tarifas.
Agencia MTR