La discusión sobre el destino de los fondos destinados a los municipios volvió a instalarse en el centro de la agenda política bonaerense. Este lunes, el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, expresó nuevamente el respaldo del Ejecutivo a la posibilidad de que los intendentes dispongan libremente de los recursos provenientes del endeudamiento provincial, aunque marcó diferencias con una iniciativa legislativa que propone ampliar las facultades de una Comisión Bicameral para intervenir en la distribución de esos recursos.
Las declaraciones del funcionario llegaron después de que un grupo de jefes comunales reclamara a la Legislatura avanzar en una modificación de la normativa vigente para permitir una utilización más flexible de los fondos, en un contexto de fuerte presión financiera sobre los municipios.
El esquema actual establece que el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal se integrará con el 8% de los recursos obtenidos por el endeudamiento autorizado por la Provincia y contará con una garantía mínima de 250.000 millones de pesos provenientes de Rentas Generales. Esos recursos serán transferidos en cinco cuotas hasta junio de 2027.
Según la distribución prevista, el 70% de los fondos será asignado a los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante quedará destinado a programas provinciales ejecutados por los ministerios de Infraestructura y Servicios Públicos, Transporte y el Instituto Cultural.
Frente a ese esquema, Bianco consideró que la distribución podría simplificarse. “Creo que se puede hacer más simple, decir que el 100% es de libre disponibilidad y se entrega por el CUD. Me parece que es la forma más razonable de que lleguen los fondos a los municipios de una manera equitativa porque además existe un coeficiente para distribuir esos fondos. Esa es la posición del Ejecutivo”, afirmó durante una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno.
El planteo coincide con los reclamos impulsados por la Unión Cívica Radical y cuenta además con el respaldo de sectores del PRO y de varios intendentes peronistas, quienes advierten sobre el impacto de la caída de los fondos coparticipables y de la recaudación local, sumado al incremento de las demandas sociales y de servicios que deben afrontar las administraciones municipales.
El punto de conflicto: la Comisión Bicameral
Más allá del consenso creciente en torno a la libre disponibilidad de los recursos, el principal foco de tensión se concentra en el proyecto presentado por el diputado Diego Garciarena, presidente del bloque UCR + Cambio Federal.
La iniciativa, que será analizada por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados bonaerense, no solo propone modificar el mecanismo de distribución de los fondos, sino también otorgar a una Comisión Bicameral de seguimiento presupuestario mayores facultades de control sobre esos recursos.
El texto establece que la comisión podrá requerir información trimestral sobre la ejecución presupuestaria y, además, intervenir de manera directa en la autorización del pago correspondiente al 30% de los fondos contemplados en el Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal.
Este aspecto es el que genera mayores reparos dentro del Gobierno provincial. En la administración de Axel Kicillof consideran que la incorporación de una instancia legislativa con capacidad de autorizar desembolsos podría alterar el esquema de administración de los recursos y limitar las facultades del Poder Ejecutivo en la ejecución presupuestaria.
Con el respaldo oficial a la libre disponibilidad ya explicitado, el debate legislativo se encamina ahora hacia la discusión sobre quién tendrá la última palabra en el control y distribución de los fondos. Una disputa que trasciende lo financiero y abre un nuevo capítulo en la puja política entre el Ejecutivo provincial y la oposición en la Legislatura bonaerense.
Agencia MTR