La provincia de Buenos Aires imputó a Mercado Libre por la presunta inclusión de cláusulas abusivas en sus contratos de adhesión, una medida que podría derivar en una multa de hasta $1.815 millones si la compañía no modifica los términos observados por las autoridades.
La decisión fue adoptada por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, a través de la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores, luego de una fiscalización de oficio sobre los contratos publicados en la plataforma. La investigación abarcó tanto las condiciones generales de uso del denominado ecosistema de Mercado Libre como los términos vinculados a operaciones de Mercado Pago y préstamos personales.
Según informó la cartera que conduce Augusto Costa, se identificaron más de diez cláusulas que podrían infringir la Ley Nacional de Defensa del Consumidor al generar un supuesto desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes en perjuicio de los usuarios.
Los puntos cuestionados
Entre las disposiciones observadas por la Provincia figuran cláusulas relacionadas con la falta de precisión en el cobro de tarifas, la aceptación automática de modificaciones contractuales y el traslado de responsabilidades a los usuarios ante el uso no autorizado de sus cuentas.
Además, las autoridades cuestionaron mecanismos de compensación entre cuentas, exenciones anticipadas de responsabilidad para la empresa, limitaciones vinculadas a fallas técnicas y la posibilidad de realizar débitos sobre cuentas de terceros. También se puso bajo análisis la fijación de una jurisdicción exclusiva para resolver conflictos, una práctica que, según el Gobierno bonaerense, podría restringir los derechos de los consumidores.
La empresa con más reclamos
Desde el Ejecutivo provincial destacaron que Mercado Libre encabeza el ranking de empresas con mayor cantidad de reclamos registrados en territorio bonaerense. De acuerdo con datos oficiales, durante los primeros cuatro meses del año se recibieron 2.396 denuncias individuales contra la compañía.
No obstante, las autoridades aclararon que la actuación administrativa fue iniciada de oficio y no como consecuencia directa de esas presentaciones particulares.
Cinco días para responder
Tras la imputación, la empresa fundada por Marcos Galperin dispone de cinco días hábiles e improrrogables para presentar un descargo formal y proponer la adecuación o eliminación de las cláusulas cuestionadas.
En caso de que la compañía avance con modificaciones satisfactorias para la autoridad de aplicación, el expediente podría cerrarse sin sanciones. De lo contrario, la Provincia quedará habilitada para avanzar con la imposición de una multa que podría alcanzar los $1.815 millones.
La respuesta de Mercado Libre
Desde Mercado Libre rechazaron los cuestionamientos y señalaron que la imputación corresponde a una etapa preliminar del procedimiento administrativo, por lo que no constituye una sanción efectiva.
Fuentes de la empresa aseguraron que presentarán el descargo correspondiente dentro de los plazos establecidos y defendieron el funcionamiento de la plataforma, al sostener que mantiene un nivel de reclamos muy bajo en relación con el volumen de operaciones que procesa diariamente.
La controversia abre un nuevo frente entre la mayor plataforma de comercio electrónico del país y las autoridades bonaerenses, en un contexto de creciente debate sobre las condiciones de contratación en los servicios digitales y la protección de los derechos de los consumidores.
Agencia MTR