La Corte Suprema de Justicia rechazó este jueves el recurso de per saltum presentado por el Gobierno de Javier Milei en el marco de la disputa judicial por la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada y cuestionada por la Confederación General del Trabajo (CGT). Con esta decisión, el máximo tribunal evitó intervenir de manera inmediata en uno de los temas más sensibles de la agenda oficial y permitió que el expediente continúe su recorrido en tribunales inferiores.
El recurso había sido presentado por el Poder Ejecutivo durante la noche del 15 de abril con el objetivo de acelerar el tratamiento judicial del caso. A través del mecanismo de per saltum, el Gobierno buscaba saltear instancias ordinarias y llevar de forma directa la discusión a la Corte Suprema para revertir la medida cautelar que había frenado la aplicación de más de 80 artículos de la denominada “Modernización Laboral”.
La disputa judicial comenzó a tomar fuerza el 30 de marzo, cuando el juez laboral Raúl Ojeda hizo lugar a un planteo de la CGT y resolvió suspender la implementación de la reforma. Esa resolución representó el primer revés judicial importante para el oficialismo, que rápidamente desplegó una estrategia para revertir el fallo.
En paralelo a la apelación presentada ante la Cámara Nacional del Trabajo (CNT), el Gobierno intentó trasladar el expediente fuera del fuero laboral, históricamente considerado más favorable a los trabajadores y sindicatos. La intención oficial era que el caso pasara al fuero contencioso-administrativo, donde habitualmente se resuelven cuestiones vinculadas al Estado nacional.
Ese objetivo comenzó a concretarse el 10 de abril, cuando la jueza Macarena Marra Giménez resolvió que el expediente debía tramitarse en el fuero contencioso-administrativo y solicitó formalmente el envío de la causa desde el juzgado de Ojeda.
Sin embargo, el movimiento más favorable para el Gobierno ocurrió el 23 de abril, cuando la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo, integrada por los jueces María Dora González y Víctor Arturo Pesino, dejó sin efecto la cautelar que había suspendido la reforma laboral. De esta manera, la normativa volvió a entrar en vigencia mientras continúa la discusión de fondo.
Los magistrados aclararon que no analizaron si la resolución de primera instancia había sido correcta o incorrecta, sino que simplemente resolvieron suspender temporalmente la cautelar mientras se tramitaba la apelación presentada por el Ejecutivo.
Pocas horas después de esa resolución, el Ministerio de Justicia publicó en el Boletín Oficial el inicio de los trámites para que el juez Víctor Pesino continúe en su cargo luego de cumplir 75 años, hecho que generó fuertes cuestionamientos desde la CGT.
La central obrera denunció un posible intercambio de favores entre el magistrado y el Gobierno y presentó una recusación contra los integrantes de la Sala VIII. Además, sostuvo que ese tribunal no debía intervenir porque otra sala de la Cámara ya estaba analizando presentaciones vinculadas con la reforma laboral.
Pesino rechazó las acusaciones y defendió su actuación. En su descargo aseguró que ya conocía previamente que el Gobierno avanzaría con el trámite para garantizar su continuidad en el cargo, una explicación que generó nuevas sospechas dentro del sindicalismo.
La recusación contra los jueces todavía no fue resuelta y podría convertirse en un nuevo foco de conflicto judicial, especialmente por la disputa de competencia entre la Cámara Nacional del Trabajo y la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo.
Mientras tanto, la Corte Suprema decidió mantenerse al margen de la discusión por ahora. Durante el acuerdo realizado este jueves en el Palacio de Justicia, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron rechazar el pedido extraordinario del Gobierno.
“Que a juicio de esta Corte no se observan los requisitos que, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, habilitan la procedencia de la vía cuya apertura se promueve mediante el recurso por salto de instancia”, señalaron los ministros en su resolución.
El artículo 257 bis establece que solo pueden ser revisadas mediante per saltum las sentencias definitivas dictadas en primera instancia o resoluciones equiparables, algo que la Corte consideró que no se cumplía en este caso.
Desde la CGT interpretaron el fallo como un revés para la estrategia oficial de argumentar una supuesta “gravedad institucional” derivada de la cautelar que había frenado la reforma.
Pese al rechazo del máximo tribunal, en el Gobierno consideran que el escenario actual no resulta desfavorable, ya que la reforma laboral continúa vigente mientras el expediente principal permanece en el juzgado contencioso-administrativo de Marra Giménez.
La decisión de la Corte también generó lecturas políticas debido al reciente discurso de Horacio Rosatti en ExpoEFI, un encuentro empresarial vinculado a la economía y las finanzas, donde criticó la judicialización de la política y cuestionó decisiones judiciales que frenan programas económicos.
Ese mensaje fue interpretado en sectores políticos y sindicales como un guiño hacia el Gobierno nacional, especialmente en momentos en que la reforma laboral seguía bajo análisis judicial y mientras continúan las tensiones entre la Casa Rosada, la Justicia y los gremios por el futuro de los cambios laborales impulsados por la administración de Javier Milei.
Agencia MTR