La muerte de Lucía Ermiaga, de 52 años, ocurrida hace pocos días en Lobería, provincia de Buenos Aires, volvió a poner en agenda una pregunta incómoda: ¿la seguridad vial en Argentina es una política real o apenas un conjunto de normas que no se cumplen?
Lucía murió cuando el vehículo en el que circulaba fue embestido a alta velocidad por Gonzalo Frascuelli, un joven de 19 años señalado como aficionado a las picadas ilegales. Sin embargo, el impacto de la tragedia creció aún más cuando se conoció un dato alarmante: a fines de 2024, el mismo conductor ya había protagonizado otro hecho fatal.
En aquella oportunidad, Frascuelli conducía un automóvil en el que viajaba su amigo Mateo, también de 19 años. Perdió el control del vehículo, volcó y provocó la muerte de su acompañante. Tras ese episodio y el proceso judicial posterior, según denunció la familia de la víctima, al joven se le habría negado la renovación de su licencia de conducir en Lobería.
Pero el sistema falló.
El conductor cambió su domicilio a la localidad bonaerense de San Cayetano, ubicada a unos 140 kilómetros, y allí logró renovar su carnet. Las autoridades de ese municipio no contaban con información sobre sus antecedentes.
El caso deja al descubierto una de las principales debilidades del sistema vial argentino: la falta de aplicación efectiva de herramientas que ya existen por ley.
La legislación nacional contempla el funcionamiento del Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito (RENAT), establecido en el artículo 8 de la Ley Nacional de Tránsito. Este registro debería concentrar antecedentes penales e infracciones graves de conductores de todo el país para evitar que personas inhabilitadas puedan obtener nuevas licencias en otras jurisdicciones.
Sin embargo, en la práctica, gran parte de los municipios no adhieren al sistema o no cargan la información correspondiente. Algunos argumentan falta de infraestructura tecnológica y otros, simplemente, no ofrecen explicaciones.
El resultado es un sistema fragmentado donde un conductor sancionado en una ciudad puede obtener habilitación en otra sin mayores obstáculos.
La problemática no termina allí.
Argentina cuenta también con normativas claras sobre alcohol cero al volante, límites de velocidad, uso obligatorio del casco en motociclistas, cinturón de seguridad y prohibición del uso del celular mientras se conduce.
Pero nuevamente aparece el mismo problema: la falta de controles.
Los operativos de alcoholemia suelen ser insuficientes o esporádicos. En muchas ciudades no se controla el uso del casco, pese a que los motociclistas representan una porción significativa de las víctimas fatales. Tampoco hay controles constantes sobre exceso de velocidad, uso del cinturón o distracciones al volante.
A esto se suman otras deficiencias estructurales: rutas deterioradas, falta de señalización, ausencia de infraestructura peatonal adecuada, vehículos sin revisión técnica y escasa educación vial.
Cada falla, cada omisión y cada ausencia estatal incrementan el riesgo en calles y rutas.
Las consecuencias son contundentes: durante 2025, las muertes por siniestros viales aumentaron un 8% en Argentina. Detrás de esa cifra hay miles de historias truncadas y un promedio estremecedor: 17 personas murieron por día en hechos de tránsito durante el último año.
Lucía y Mateo hoy forman parte de esa estadística.
Y también representan una evidencia dolorosa de que cuando las leyes no se controlan ni se aplican, dejan de ser herramientas para salvar vidas y se transforman en simples declaraciones.
En Argentina, la seguridad vial no necesita más discursos. Necesita decisiones políticas, controles efectivos y un Estado presente antes de que las tragedias ocurran, y no después.
Agencia MTR