El problema de los caños de escape adulterados no es nuevo en la provincia de Buenos Aires, y episodios como los de Nueve de Julio, donde más de 40 motos recorrieron calles sin casco sus ocupantes, algunas sin luces, ni dominio y con escapes libres, muestran que las multas tradicionales no alcanzan. Tampoco el retiro, decomiso y destrucción. Nada les importa:ni su propia vida ni la de los terceros, vecinos, muchos de ellos amigos, familiares y parientes.
Muchas ciudades, entre ellas Nueve de Julio, ya cuentan con ordenanzas que prevén multas, secuestro de motos y decomiso de escapes, y trabajan, desde sus autoridades del Orden, día a día para que se cumpla. Es decir, la práctica de decomisar y destruir los escapes ilegales ya es una realidad en varios municipios.
La novedad de un reciente proyecto del diputado Manuel Passaglia ingresado en la Legislatura bonaerense, es que amplía el alcance: no solo sanciona a los conductores, sino que va contra toda la cadena comercial que fabrica, vende e instala estos dispositivos, además de crear un registro provincial de talleres habilitados para escapes de competición, destinados exclusivamente a vehículos deportivos o de exhibición.
El problema va más allá de la legalidad.
La cuestión tiene un fuerte componente social.
Muchos de los jóvenes que participan en estas “carreras de ruido” actúan impulsados por la moda, la necesidad de adrenalina o la canalización de frustraciones y angustias.
Aquí, la responsabilidad no es solo del infractor: esencialmente padres y adultos del entorno familiar y educación básica del hogar, luego, referentes comunitarios que tienen un rol central en orientar estas conductas hacia actividades seguras y constructivas; y la sociedad que debe comprometerse.
La propuesta de Passaglia busca garantizar derechos básicos: el de los vecinos a vivir en tranquilidad, proteger la salud pública y fortalecer el control sobre un mercado ilegal que genera riesgos para todos. Es un llamado a que el Estado deje de reaccionar ante los síntomas y actúe sobre las causas: prevenir, sancionar y ofrecer alternativas de contención.
Si se quieren ciudades más seguras y vecindarios donde la convivencia no sea una víctima del ruido y la ilegalidad, medidas firmes como estas no solo serán justificables, sino necesarias.
La discusión no debería centrarse solo en la severidad de las sanciones, sino en cómo toda la comunidad —autoridades, familias y ciudadanos— puede trabajar para que la ilegalidad deje de ser una diversión y se transforme en una conducta aceptable, vivible sanamente.
Ese es el gran desafio en una sociedad cansada de conductas impropias y diezmada.
Agencia MTR