La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó un fuerte rechazo a la decisión del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) de modificar el sistema de vacunación contra la fiebre aftosa. La entidad rural consideró que la medida fue adoptada sin el debido debate técnico y en un momento inapropiado, en plena campaña sanitaria.
La controversia surgió luego de la publicación de la Resolución 201/2026, mediante la cual el organismo nacional introdujo cambios en el esquema de vacunación contra la aftosa y la brucelosis bovina. Entre las principales modificaciones, la normativa habilita a los productores ganaderos registrados en el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (Renspa) a elegir libremente a un veterinario privado acreditado por el Senasa para adquirir, conservar y aplicar las vacunas.
Hasta ahora, gran parte de las campañas sanitarias se organizaban a través de fundaciones y entes sanitarios regionales que coordinaban la logística de aplicación de las dosis. Con la nueva disposición, los establecimientos podrán contratar directamente a profesionales habilitados para realizar la vacunación durante las campañas oficiales o en operativos estratégicos.
Desde Carbap, la medida fue calificada como “inconsulta” y se remarcó que introduce cambios en un sistema que, según la entidad, ha demostrado ser eficaz. En ese sentido, recordaron que las fundaciones sanitarias tuvieron un papel clave para superar brotes de aftosa registrados en el país en años anteriores, como los de 2001 y 2006.
La organización rural también subrayó que el sistema sanitario argentino muestra actualmente indicadores sólidos. Según indicaron, informes del propio Senasa reflejan que no hay circulación viral de la enfermedad y que los niveles de inmunidad del rodeo bovino se mantienen en niveles adecuados.
En un comunicado, la entidad que preside Ignacio Kovarsky sostuvo que modificar la estructura de la campaña de vacunación mediante un acto administrativo, y en medio de una campaña en curso, resulta “absolutamente inoportuno”. Además, advirtió que el cambio se impulsó sin evidencias técnicas o económicas que lo justifiquen.
Otro de los cuestionamientos apunta a la falta de debate en los ámbitos institucionales previstos para analizar estas políticas sanitarias. Carbap señaló que la decisión evitó la discusión en espacios como la Comisión Nacional de Lucha contra la Fiebre Aftosa (Conalfa) y las Comisiones Provinciales de Sanidad Animal (Coprosas), organismos donde tradicionalmente se consensúan este tipo de medidas.
La entidad también puso en duda el argumento económico esgrimido por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la medida señalando que podría reducir costos para los productores.
Desde Carbap sostienen que no existe una justificación económica clara para modificar el esquema actual. Explicaron que tanto las fundaciones sanitarias como los veterinarios privados tienen estructuras de costos diferentes. En algunos casos, las entidades rurales pueden absorber gastos administrativos o de infraestructura, lo que permite ofrecer un precio menor por la aplicación de cada dosis.
Asimismo, la organización recordó que el costo actual de la vacuna aplicada representa menos de 600 gramos de novillo, mientras que históricamente equivalía aproximadamente a un kilo, lo que relativiza el impacto económico del sistema vigente.
Finalmente, Carbap advirtió que la nueva normativa no define con claridad quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice de manera completa y en los plazos establecidos. También planteó interrogantes sobre quién supervisará el cumplimiento de las campañas y cómo se asegurará la cobertura sanitaria en establecimientos ganaderos de menor escala.
Agencia MTR