El Gobierno nacional presentó este lunes un proyecto de reforma del Código Penal que busca modificar sustancialmente las penas para delitos graves, con un enfoque en la violencia sexual y la corrupción. La iniciativa fue anunciada desde la Casa Rosada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes señalaron que se trata de un “cambio de paradigma” en el sistema penal del país.
Adorni destacó que la reforma busca imponer un orden más firme en la lucha contra la criminalidad, afirmando: “Un proyecto de país en serio necesita trascender la libertad del Gobierno de turno. Las políticas de seguridad deben estar talladas en piedra”. El jefe de Gabinete subrayó que la nueva doctrina pone fin al modelo “zaffaronista”, y recalcó que aquellos que cometan delitos en función pública perderán su jubilación de privilegio. “Poco a poco, las calles dejarán de ser tierra libre para el crimen”, añadió Adorni.
Por su parte, Patricia Bullrich destacó la relevancia histórica de la reforma, enfocándose especialmente en los cambios relacionados con los delitos sexuales. “A partir de ahora, los favorecidos serán la sociedad y las víctimas”, explicó Bullrich, quien también enfatizó que este cambio tiene como objetivo principal asegurar que las penas sean efectivas y que la justicia llegue a tiempo. “Los códigos no se cambian todos los días; esta reforma tiene un fin claro: que no haya delitos impunes”, aseguró la exministra.
Una de las modificaciones más relevantes es la imprescriptibilidad de los delitos graves, como el abuso sexual en todas sus formas, homicidios agravados, trata de personas, y terrorismo, entre otros. Además, se establecen penas más altas, como la ampliación de la condena por homicidio simple, que pasaría de 25 a 30 años, y se agregan agravantes por circunstancias como el magnicidio o el asesinato de menores de 16 años o adultos mayores.
Los detalles de los cambios incluyen también el endurecimiento de las penas en casos de imprudencias de tránsito, la condena más estricta para quienes porten armas sin permiso, y la obligación de informar a las víctimas cuando el condenado cumpla su pena o reciba salidas transitorias.
Los cambios más salientes incluyen:
Ejecución efectiva de las penas: Se buscará que los condenados cumplan sus penas en su totalidad.
Imprescriptibilidad de delitos graves: Delitos como homicidio agravado, abuso sexual, trata de personas, y terrorismo serán imprescriptibles.
Perpetua sin límite temporal: Los delitos graves podrán conllevar condenas perpetuas sin un límite de años específicos.
Suba de penas para homicidios: El homicidio simple pasará de 25 a 30 años.
Cambios en la legítima defensa: La nueva normativa favorecerá a las víctimas en casos de legítima defensa.
Inhabilitación para funcionarios corruptos: Los funcionarios condenados por corrupción no podrán acceder a su jubilación de privilegio.
Modificación en las penas por imprudencias de tránsito: Las penas por imprudencias de tránsito se ampliarán de 1 a 3 años, pasando a 2 a 6 años en su forma simple y de 3 a 6 años en su forma agravada.
Esta reforma está pensada para abarcar todas las provincias del país, con un enfoque claro en garantizar que el sistema penal sea más riguroso y efectivo, poniendo un freno a la impunidad y protegiendo mejor a las víctimas.




