El presidente Javier Milei firmó un nuevo decreto de necesidad y urgencia (DNU 340/2025) que restringe el derecho a huelga en Argentina, al ampliar de forma significativa el listado de actividades consideradas esenciales, que deberán garantizar un mínimo de funcionamiento obligatorio, incluso en medio de conflictos gremiales.
La medida, publicada este martes en el Boletín Oficial, establece que en caso de huelga los servicios esenciales deberán funcionar al menos al 75% de su capacidad, mientras que aquellos catalogados como “de importancia trascendental” no podrán operar por debajo del 50%.
“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, afirma el artículo 3 del decreto. Además, la normativa deja en claro que las partes no podrán negociar coberturas inferiores a esos porcentajes mínimos.
Cambios en el listado de servicios esenciales
Hasta ahora, la ley solo contemplaba como servicios esenciales a los sanitarios y hospitalarios, la provisión de agua potable y energía eléctrica, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo. Sin embargo, el DNU amplía ese espectro e incluye una serie de actividades vinculadas a sectores estratégicos como salud, transporte, educación, telecomunicaciones y comercio exterior.
Entre los servicios que desde ahora se consideran esenciales se encuentran:
Transporte y distribución de medicamentos e insumos hospitalarios.
Servicios farmacéuticos.
Producción y comercialización de agua, gas, combustibles y electricidad.
Telecomunicaciones, internet y comunicaciones satelitales.
Control del tráfico aéreo y portuario, incluyendo remolque de buques y servicios de dragado.
Servicios aduaneros, migratorios y relacionados al comercio exterior.
Educación inicial, primaria, secundaria y especial.
Cuidado de menores.
Transporte marítimo y fluvial de personas y mercancías, junto a sus operaciones costa afuera.
El decreto fue rubricado por Milei y por los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Economía, Justicia, Seguridad, Salud, Capital Humano y Desregulación del Estado.
Reacciones y críticas
El primer rechazo sindical llegó de parte de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A), cuyo secretario general, Hugo “Cachorro” Godoy, denunció que se trata de una “ofensiva autoritaria” contra derechos laborales fundamentales.
“El Gobierno intenta nuevamente avanzar con lo establecido en el DNU 70/2023, que ya fue declarado inconstitucional por la Cámara del Trabajo en dos instancias”, sostuvo Godoy a través de su cuenta en X (antes Twitter). Y agregó: “Esta nueva ofensiva autoritaria representa un ataque directo a derechos consagrados en la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir”.
Organizaciones gremiales y sectores de la oposición anticiparon que presentarán recursos legales para impugnar la normativa, al considerar que vulnera el derecho constitucional a huelga, protegido por convenios internacionales como el de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Contexto político
El DNU 340/2025 se enmarca en la política de desregulación del Estado impulsada por Milei, que ha puesto énfasis en la liberalización económica, la limitación del poder sindical y la reforma del marco laboral. La medida se suma a una serie de decretos y proyectos de ley que han generado fuerte resistencia en el Congreso y en la Justicia.
Este nuevo avance en la restricción de derechos laborales anticipa un nuevo capítulo de tensión entre el Ejecutivo y el movimiento obrero, que ya analiza la posibilidad de convocar a nuevas medidas de fuerza.
Agencia MTR