La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó este miércoles un enérgico rechazo al nuevo decreto del Gobierno nacional que restringe el derecho a huelga en un conjunto ampliado de actividades consideradas esenciales. A través de un comunicado oficial difundido en sus redes sociales, la central obrera advirtió que no permanecerá “en silencio” y adelantó que el movimiento sindical “dará las batallas que tenga que dar, sea en los Tribunales o en los puestos de trabajo”.
El repudio surge tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, firmado por el presidente Javier Milei y gran parte de su gabinete, que establece nuevas regulaciones para el funcionamiento de la marina mercante pero que, además, incorpora cambios de amplio alcance en materia laboral. Entre ellos, amplía el listado de actividades esenciales —que deben garantizar una cobertura mínima del 75% durante una huelga— incluyendo al transporte de cargas y personas, la educación y los servicios de telecomunicaciones.
Para la CGT, esta medida representa una “grave avanzada” contra un derecho constitucional como es el de huelga. La central recordó que el Gobierno ya había intentado imponer restricciones similares mediante el DNU 70/23, cuyo capítulo laboral fue parcialmente frenado por la Justicia, y que varios artículos con propuestas similares fueron finalmente excluidos de la Ley Bases sancionada por el Congreso tras un arduo debate parlamentario.
“El derecho a huelga es una herramienta histórica de defensa de los trabajadores. No vamos a aceptar que lo vacíen por decreto”, señaló un dirigente de la CGT consultado por este medio, quien anticipó que se evalúan acciones legales y no se descartan medidas de fuerza en sectores clave.
El decreto se da en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y el sindicalismo, en medio de un clima económico y social marcado por la inflación, el ajuste fiscal y una persistente caída del poder adquisitivo. Con esta nueva iniciativa, el oficialismo parece insistir en una línea de confrontación con las organizaciones gremiales, apelando nuevamente a instrumentos de excepción para avanzar con reformas estructurales resistidas.
La CGT, por su parte, reafirma su postura: “No se trata solo de una norma. Se trata de defender los derechos fundamentales de los trabajadores. Y lo vamos a hacer con todas las herramientas que nos otorga la democracia”.
Agencia MTR