El juez federal de La Plata, Alejo Ramos Padilla, resolvió suspender temporalmente la transformación del Banco de la Nación Argentina (BNA) en una Sociedad Anónima, tal como lo había dispuesto el presidente mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 116/2025. La medida cautelar dictada por el magistrado surge en el marco de una causa judicial que cuestiona la legalidad de la privatización de la entidad, que ha sido el centro de un intenso debate político, económico y social en el país.
El fallo de Ramos Padilla, que llegó tras el pedido de varias organizaciones y grupos políticos, resalta la vulneración de principios constitucionales al considerar que el Poder Ejecutivo excedió los límites de sus competencias al dictar un DNU para modificar la estructura de una entidad creada por el Congreso Nacional. Según el juez, la decisión de transformar el BNA de una entidad autárquica en una sociedad anónima corresponde exclusivamente al Congreso de la Nación y no al Poder Ejecutivo.
El DNU 116/2025, firmado por Milei a mediados de febrero, había establecido la transformación del BNA en una sociedad anónima bajo la Ley N° 21.526, que regula el régimen de sociedades anónimas. Según el Gobierno, esta medida tenía como objetivo hacer más eficiente el funcionamiento de la entidad, permitiendo una mayor competitividad y una modernización de la estructura del banco. La decisión incluyó que el Estado mantuviera el 99,9% del capital social, mientras que el 0,1% restante sería propiedad de la Fundación Banco Nación.
Sin embargo, esta iniciativa del Ejecutivo se encontró rápidamente con la oposición tanto dentro del Congreso como en diversos sectores sociales y políticos, que vieron en ella una intención de avanzar hacia la privatización de uno de los bancos más importantes del país. Diversos actores políticos, principalmente de la oposición, interpretaron que el Gobierno buscaba reducir el control estatal sobre una entidad clave para el sistema financiero y las políticas de crédito para las pequeñas y medianas empresas.
El fallo del juez y la autonomía del Congreso
En su resolución, el juez Alejo Ramos Padilla demostró que el Poder Ejecutivo había excedido sus facultades al dictar el DNU 116/2025, ya que, según el magistrado, la transformación del Banco Nación en una sociedad anónima corresponde exclusivamente al Congreso Nacional. Ramos Padilla destacó que el Banco Nación es una entidad autárquica, creada por una ley del Congreso, por lo que cualquier cambio en su naturaleza jurídica debe ser aprobado mediante una ley formal dictada por el Poder Legislativo.
El juez también cuestionó la delegación de facultades que el Congreso había otorgado al Poder Ejecutivo bajo la Ley Bases, indicando que esta no autoriza una modificación tan trascendental en la estructura de la entidad. A raíz de ello, Ramos Padilla dictó la medida cautelar para suspender los efectos del DNU y ordenó al Estado Nacional y al Banco Nación que se abstuvieran de realizar cualquier acción que avance con la implementación de la reforma. Además, solicitó que, en un plazo de cinco días, las autoridades públicas implicadas en el proceso informen sobre el interés público comprometido por la medida cautelar solicitada.
El fallo de Ramos Padilla resalta el conflicto entre los poderes del Estado, particularmente entre el Ejecutivo y el Legislativo, sobre quién tiene la facultad para decidir el destino de una entidad financiera clave. Para el juez, este tipo de decisiones deben pasar por el Congreso, y no pueden ser modificados por un decreto presidencial.
La privatización del Banco Nación: una medida controvertida
El DNU 116/2025 había generado un fuerte debate político y social, especialmente porque muchos consideran que el paso hacia la transformación en sociedad anónima podría abrir la puerta a una privatización gradual del banco, con efectos significativos sobre el acceso al crédito, la equidad en el financiamiento y el control de las políticas.
Agencia MTR