Esta madrugada, diputados de distintas bancadas – a excepción del oficialismo -llegaron a un acuerdo para presentar un proyecto de ley que busca implementar una fórmula jubilatoria alternativa a la impuesta por decreto por el presidente Javier Milei. Este proyecto también busca compensar la pérdida del poder adquisitivo de los pasivos, una preocupación que hasta ahora había sido parcialmente reconocida por el gobierno.
El dictamen, que obtuvo apoyo de varios sectores, salvo La Libertad Avanza y el PRO, propone una fórmula que calcula el aumento automático de las jubilaciones y pensiones teniendo en cuenta tanto el componente salarial como el de inflación. Esto significa que si los salarios suben más que los precios, los beneficios de los pasivos también aumentarían, sin tener un techo impuesto.
Además, el proyecto restituye un porcentaje de aumento adicional del 8%, ya que en enero pasado la inflación fue del 20,6%, mientras que las jubilaciones solo subieron un 12,5%, generando una pérdida del poder adquisitivo que no se ha recuperado hasta ahora. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante el primer trimestre del año, los haberes mínimos tuvieron una caída real del 28,5%, y las jubilaciones que superan el haber mínimo, del 37%.
Sin embargo, el oficialismo rechaza este proyecto debido a su impacto en el equilibrio fiscal que el gobierno intenta sostener.
Uno de los puntos de conflicto era cómo financiar el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, así como el cumplimiento de las sentencias judiciales a favor de los jubilados. Mientras la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal proponían usar activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el kirchnerismo se opuso.
Finalmente, se acordó que estas deudas sean solventadas con la asignación específica que algunos impuestos nacionales destinan a la ANSES, como el impuesto al cheque, PAIS e IVA.
Según la OPC, este dictamen, excluyendo el pago de las deudas a las cajas previsionales provinciales, tendría un impacto fiscal del 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI).
El proyecto recibió el apoyo de Unión por la Patria, el radicalismo y los bloques federales, pero fue rechazado por La Libertad Avanza y Juntos por el Cambio. Esto podría adelantar un veto presidencial si el Senado convierte el proyecto en ley, conforme lo adelantada por el presidente Javier Milei.
Agencia MTR