El Gobierno nacional volvió a poner en el centro de la escena el futuro del patrimonio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, confirmó que la administración de Javier Milei evalúa desafectar y poner en venta unas 50.000 hectáreas pertenecientes al instituto, bajo el argumento de que no tendrían un uso científico o tecnológico directo.
Las declaraciones fueron realizadas durante un panel en la Exposición Rural de Palermo, donde el funcionario sostuvo que continuará el relevamiento de las aproximadamente 100.000 hectáreas que posee el INTA en todo el país para determinar cuáles cumplen funciones de investigación.
“Vamos a seguir relevando y mirando con qué necesidad estamos usando la tierra. Si está necesariamente afectada a un proceso científico o tecnológico, la vamos a sostener. En el caso de que no sea así, no vamos a tener problema en desafectarla del INTA”, afirmó Bronzovich.
El titular del organismo también reveló que ya fueron desafectadas unas 15.000 hectáreas y aseguró que, a criterio de la actual conducción, solo unas 50.000 tienen un uso científico real.
Además, planteó un cambio de criterio respecto del funcionamiento histórico del instituto. “Las que tienen uso productivo hoy han sido un aporte al financiamiento del instituto, pero nosotros creemos poco en eso; creemos que los productores producen y los investigadores investigan”, señaló.
Fuerte rechazo de los gremios
Las declaraciones despertaron una inmediata reacción de los trabajadores del organismo. Desde la Asociación del Personal del INTA (Apinta) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunciaron que el Gobierno impulsa un proceso de vaciamiento con el objetivo de avanzar en la venta de un patrimonio estratégico del Estado.
El secretario general de Apinta, Paulo García, cuestionó los argumentos oficiales y sostuvo que la iniciativa responde a intereses inmobiliarios.
“¿Por qué venderlas si al INTA entra más plata de la que gasta para su funcionamiento? ¿Por qué hay que rematar tierras que son un activo y que no generan costos de mantenimiento? Esto es porque las quieren sacar a remate a precio vil para hacer un negocio inmobiliario”, afirmó.
El dirigente explicó que muchas de las superficies cuestionadas cumplen funciones estratégicas aunque no tengan ensayos activos en todos los momentos del año.
“Es engañoso decir que no se utilizan. Son reservorios de material genético. El INTA produce y adapta tecnologías, semillas y distintos materiales vegetales a las características climáticas y de suelo de cada una de las regiones del país”, remarcó.
Un nuevo capítulo de un conflicto que viene desde 2024
La intención oficial de desprenderse de tierras del INTA no es nueva. Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, distintas iniciativas apuntaron a reducir el patrimonio inmobiliario del organismo.
A fines de 2024, la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) anunció un plan para subastar cientos de inmuebles estatales, entre ellos unas 27.000 hectáreas correspondientes a 22 campos experimentales del INTA, consideradas entonces como superficies “improductivas”.
Posteriormente, en marzo de este año, el Ejecutivo impulsó la venta de más de 30 hectáreas del ex INTA AMBA, en Ituzaingó, una de las zonas con mayor valorización inmobiliaria del conurbano bonaerense. Esa operación fue suspendida por decisión judicial.
Sin embargo, el Gobierno sí logró concretar la venta del histórico edificio que el organismo poseía sobre la avenida Cerviño, en el barrio porteño de Palermo.
Denuncian vaciamiento del organismo
Desde ATE sostienen que el proceso de venta de tierras avanza de la mano de un fuerte ajuste sobre el organismo.
La referente del sindicato, Julieta Boedo, señaló que el INTA ya sufrió una reducción cercana al 15% de su planta de trabajadores, entre despidos y retiros voluntarios, además del recorte de alrededor de 80 programas de investigación.
“Quieren un INTA desfinanciado y paralizado. Es parte de su estrategia de entrega decir que las tierras no se usan para investigación mientras vacían de profesionales el organismo”, denunció.
Según los gremios, la reducción de personal termina siendo utilizada como argumento para justificar que determinados establecimientos ya no desarrollan actividades científicas.
El debate por el financiamiento
Otro de los puntos de conflicto gira en torno a la situación financiera del organismo.
García rechazó que el INTA atraviese problemas económicos y recordó que el instituto posee autarquía financiera, sustentada principalmente por un impuesto aplicado a las importaciones.
“El INTA recauda más de lo que gasta, pero recibe menos de la mitad de esos recursos. Incluso se utilizaron 101 mil millones de pesos de un fondo propio destinado a capacitación para financiar los retiros voluntarios”, sostuvo.
Para el dirigente gremial, el problema no radica en un déficit presupuestario sino en una decisión política de reducir la estructura del organismo y avanzar sobre su patrimonio.
“No tenemos un problema de déficit. La intención es solamente hacer un negocio inmobiliario para unos pocos”, concluyó.
Un patrimonio estratégico en discusión
Con alrededor de 100.000 hectáreas distribuidas en estaciones experimentales y campos de investigación en todo el país, el INTA constituye uno de los principales organismos públicos dedicados al desarrollo tecnológico, la investigación agropecuaria y la adaptación de cultivos a las distintas regiones productivas de Argentina.
Mientras el Gobierno sostiene que busca optimizar recursos y concentrar la actividad científica en las áreas estrictamente necesarias, trabajadores, investigadores y organizaciones del sector agropecuario advierten que la venta de tierras podría afectar la capacidad de investigación, conservación genética y desarrollo tecnológico que el instituto construyó durante décadas.
El debate vuelve así a enfrentar dos modelos sobre el rol del Estado en el sistema científico y tecnológico: uno que prioriza la reducción del patrimonio público y otro que considera esas tierras un activo estratégico para el desarrollo agropecuario nacional.
Agencia MTR