En el comienzo de la feria judicial, el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) renovó la integración de su Consejo Superior y aprovechó la ocasión para reiterar un reclamo que considera urgente: la cobertura inmediata de las vacantes existentes tanto en la Suprema Corte de Justicia bonaerense como en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A través de un comunicado institucional, la entidad advirtió que la situación de ambos tribunales alcanzó un nivel de gravedad sin precedentes y sostuvo que la falta de designaciones compromete seriamente el funcionamiento del sistema judicial.
“La Corte Suprema funciona actualmente con tres de sus cinco miembros y la Suprema Corte provincial lo hace con apenas tres de sus siete integrantes, en una desintegración sin precedentes en su historia, que compromete seriamente el servicio de Justicia”, señalaron desde el Colegio.
Para la entidad que nuclea a los colegios de abogados de la provincia, la integración incompleta de los máximos tribunales dejó de ser una situación excepcional para transformarse en un problema estructural.
En ese sentido, calificó el escenario como un “estado de cosas tolerado y peligrosamente naturalizado”, al considerar que lo que debería ser atendido como una verdadera emergencia institucional permanece sin resolución.
Asimismo, advirtió que el “debilitamiento deliberado y sostenido” de los órganos que encabezan el Poder Judicial repercute directamente sobre la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y la confianza de los ciudadanos en la administración de Justicia.
El pronunciamiento del Colegio se suma al planteo formulado a fines de abril por la propia Suprema Corte de Justicia bonaerense.
En aquella oportunidad, el presidente del máximo tribunal provincial, Sergio Torres, junto con los demás ministros, impulsó un proyecto de ley para dotar al Poder Judicial de autarquía financiera y reclamó al gobernador Axel Kicillof y a la Legislatura bonaerense avanzar con la cobertura de las vacantes.
“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, había advertido entonces Torres, una definición que ahora fue retomada por el Colegio de Abogados para describir la situación institucional que atraviesa la Justicia provincial.
Tras aquel planteo de la Suprema Corte, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires respondió que la designación de los integrantes del máximo tribunal corresponde al Poder Ejecutivo.
El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que se trata de una atribución exclusiva del gobernador y explicó que la decisión se adoptará cuando el Ejecutivo lo considere oportuno.
“Es una prerrogativa, es una potestad del gobernador, que lo va a definir de acuerdo a los criterios de oportunidad, mérito y conveniencia”, afirmó el funcionario al ser consultado sobre la demora en completar la integración de la Suprema Corte.
En su comunicado, el Colegio de Abogados recordó que el artículo 146 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que el gobernador dispone de un plazo de quince días desde que se produce una vacante para elevar al Senado el pliego del candidato propuesto para ocupar el cargo.
No obstante, remarcaron que algunas de las vacantes permanecen sin cubrir desde hace varios años y que hasta el momento no existen definiciones oficiales sobre quiénes podrían ser propuestos para integrar el máximo tribunal provincial.
Para la institución, la prolongación de estas vacantes no solo afecta el funcionamiento interno de la Justicia, sino que también incumple un mandato constitucional.
“La cobertura de las vacantes de ambos Tribunales no es una facultad discrecional; constituye un deber constitucional que no puede quedar librado a estrategias políticas o conveniencias partidarias”, concluyó el Colegio de Abogados en un mensaje dirigido tanto al Gobierno provincial como a las autoridades nacionales.
Agencia MTR