La disputa entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y la administración nacional sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno de Javier Milei presentara una demanda ante la Corte Suprema para frenar el traspaso de los aportes previsionales de trabajadores de empresas estatales bonaerenses desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) al Instituto de Previsión Social (IPS).
La medida, impulsada por la gestión de Axel Kicillof, alcanza a unos 20.000 empleados de empresas públicas provinciales como ABSA, Aubasa, Ceamse, Centrales de la Costa, Bagsa y otras compañías del sector energético y de servicios.
Desde el Ejecutivo bonaerense defendieron la decisión. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que el cambio “es lo que corresponde” debido a que se trata de empresas estatales de la provincia.
“Creemos que es lo que corresponde porque son empresas estatales de la provincia de Buenos Aires y, por lo tanto, corresponde llevar adelante los aportes en la Caja Provincial para luego jubilarse con la jubilación provincial”, afirmó el funcionario durante una conferencia de prensa.
La decisión quedó establecida en el artículo 59 de la Ley de Presupuesto 2026, aprobada por la Legislatura bonaerense, que obliga a las empresas públicas provinciales a realizar los aportes patronales al IPS en lugar de la Anses.
Según el Gobierno nacional, la norma invade competencias federales, provoca un desfinanciamiento del sistema previsional nacional y genera un conflicto entre ambos regímenes jubilatorios. Por ese motivo presentó una acción de inconstitucionalidad contra la Provincia y el IPS ante la Corte Suprema.
Bianco rechazó esos argumentos y aseguró que la demanda busca “dificultar la gestión” del Gobierno provincial. Además, sostuvo que la administración nacional “no se quiere quedar sin los fondos” y remarcó que la postura oficial contradice antecedentes de la propia Anses.
“Cuando uno analiza otros casos similares, la Anses se ha expedido positivamente respecto de que empresas estatales provinciales u organismos estatales provinciales hagan sus aportes a las cajas provinciales”, señaló.
El conflicto también se trasladó al ámbito educativo. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para que se declare inconstitucional el mismo artículo de la Ley de Presupuesto, al considerar que obliga a los establecimientos privados a transferir los aportes previsionales de docentes y auxiliares al IPS.
De acuerdo con estimaciones del sector, el eventual traspaso podría alcanzar entre 50.000 y 55.000 trabajadores, incluyendo personal docente, auxiliares y empleados no docentes de establecimientos educativos privados.
Mientras la cuestión avanza en la Justicia, la disputa por el manejo de los aportes previsionales se suma a la creciente tensión política e institucional entre los gobiernos de Javier Milei y Axel Kicillof por el reparto de recursos y las competencias entre Nación y la Provincia.
Agencia MTR