El referente de la Unión de Usuarios Viales, Ignacio Zavaleta, profundizó su reclamo por el deterioro de la infraestructura vial del sudoeste bonaerense mediante una serie de presentaciones formales dirigidas a organismos provinciales y nacionales, con el objetivo de exigir respuestas concretas frente al crítico estado de la Ruta Provincial Nº 65 y la Ruta Nacional Nº 33.
Las nuevas gestiones incluyen intimaciones administrativas, pedidos de intervención legislativa y solicitudes de informes sobre el destino de partidas presupuestarias para obras consideradas estratégicas para la seguridad vial y el desarrollo productivo de la región.
Pedido de intervención por la Ruta Provincial 65
En el ámbito provincial, Zavaleta elevó una nota a la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires solicitando la intervención de las comisiones de Obras Públicas, Transporte y Asuntos Municipales para impulsar medidas urgentes sobre la Ruta Provincial Nº 65, especialmente en el tramo que une Guaminí y Bolívar.
Entre los principales planteos recordó que el puente ubicado sobre el arroyo Cochicó, en el kilómetro 413, permanece colapsado desde marzo de 2025, situación que mantiene interrumpido el tránsito pesado en uno de los corredores productivos más importantes del sudoeste bonaerense.
Asimismo, solicitó la asignación inmediata de partidas presupuestarias para el reemplazo definitivo del puente, auditorías sobre el estado de conservación de la ruta y pedidos de informes acerca de los planes de bacheo estructural y repavimentación previstos para ese corredor.
Intimación a Vialidad Provincial
Paralelamente, el 29 de junio Zavaleta presentó una intimación formal ante la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires denunciando un “abandono sistémico” de la Ruta Provincial Nº 65.
En el escrito reclamó el inicio inmediato de la reconstrucción del puente sobre el arroyo Cochicó, la reparación integral del tramo Guaminí-Bolívar, la colocación de señalización horizontal y vertical reflectiva y la presentación de un cronograma oficial de obras acompañado por el presupuesto correspondiente.
Según sostuvo, el deterioro del pavimento, la presencia de pozos, las deformaciones estructurales y la falta de señalización convierten al corredor en un escenario de “altísima peligrosidad vial”, obligando diariamente a los conductores a realizar maniobras riesgosas que incrementan las posibilidades de siniestros.
Además, advirtió que si no obtiene respuestas impulsará acciones judiciales colectivas, entre ellas amparos ambientales y viales, y evaluará responsabilidades civiles y penales por un eventual incumplimiento de los deberes de los funcionarios competentes.
El reclamo también alcanza a la Ruta Nacional 33
La ofensiva impulsada por la Unión de Usuarios Viales también comprende nuevas presentaciones dirigidas a la Dirección Nacional de Vialidad y a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el estado de la Ruta Nacional Nº 33.
En esos documentos, Zavaleta denunció el abandono del corredor y solicitó el control de las partidas presupuestarias destinadas a distintas obras de infraestructura consideradas prioritarias para la región.
Entre ellas mencionó la construcción de la rotonda en la intersección con la Ruta Provincial Nº 60, el acceso a Espartillar, la ejecución de la autovía entre Tornquist y Bahía Blanca y la finalización del Nodo Logístico “El Cholo”.
“No se trata solo de asfalto”
Al fundamentar sus presentaciones, Zavaleta afirmó que la problemática vial trasciende el estado del pavimento y afecta directamente la seguridad de quienes transitan por estos corredores.
“Décadas de reclamos y no se trata solo de asfalto, se trata de salvar vidas en las rutas peligrosas de nuestra región”, expresó.
El dirigente sostuvo además que la falta de infraestructura segura representa una amenaza permanente para los usuarios y constituye un obstáculo para el desarrollo productivo del interior bonaerense.
Con estas nuevas gestiones, la Unión de Usuarios Viales busca que tanto el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires como el Gobierno nacional incorporen las obras reclamadas entre las prioridades de infraestructura y brinden respuestas concretas a un reclamo que, según sostienen desde la entidad, lleva años sin soluciones definitivas.
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Agencia MTR